Anticorrupción asume la investigación en el 'caso Negreira' por la "especial trascendencia" del delito
La Fiscalía ya denunció al Barça, a Bartomeu, a Enríquez Negreira, a Sandro Rosell y a dos ex altos cargos del club blaugrana.
14 marzo, 2023 14:13El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado que sea la Fiscalía Anticorrupción la que participe en la investigación del llamado caso Negreira, que versa sobre los pagos realizados por el FC Barcelona al exárbitro José María Enríquez Negreira.
La Fiscalía General del Estado ha emitido un decreto este martes concretando tal decisión, según informan a EL ESPAÑOL fuentes fiscales. Los hechos se investigan en el Juzgado de Instrucción número 1 de la Ciudad Condal y, desde ahora, será Anticorrupción, que es una fiscalía especializada, la que participe en la instrucción de esta causa.
El pasado viernes, la Fiscalía Provincial de Barcelona denunció al club blaugrana, a sus expresidentes Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, a Enríquez Negreira y a otros dos ex altos cargos del Barça.
[La Fiscalía cree que el Barça pagó a Negreira para obtener árbitros que "favorecieran al club"]
Según informó este periódico, el Ministerio Público sostiene que FC Barcelona pagó a Negreira, que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), con el objetivo de que los colegiados fueran favorables al club azulgrana.
"A través de los presidentes [del Barça] Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el FC Barcelona alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con el denunciado José María Enríquez Negreira, a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club", concluye el escrito de la Fiscalía barcelonesa.
Estos pagos se habrían efectuado a través de dos empresas de Negreira, que habría girado facturas a la entidad deportiva "sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real". No obstante, quien figuraba al frente de estas compañías era el hijo del árbitro. El Ministerio Público señalaba, no obstante, que no queda acreditado que este último conociese los negocios de su padre.
Los denunciados
La denuncia del Ministerio Público se dirige contra el FC Barcelona, así como contra Negreira, Rosell y Bartomeu. El documento hace referencia a los pagos por valor de 2,97 millones de euros que el club culé abonó entre 2014 y 2018. Los anteriores habrían prescrito. Negreira era vicepresidente del CTA desde 1994 y desempeñó dicho cargo hasta 2018.
El Ministerio Público le acusa a él, a Rosell y a Bartomeu de un delito continuado de corrupción entre particulares, en el marco del fraude deportivo. También, de delitos de administración desleal y falsedad documental.
Otros dos ex altos cargos del FC Barcelona también han sido denunciados, por los mismos delitos que el resto del listado. Se trata de Óscar Grau, exdirector ejecutivo del Barça, y Albert Soler, antiguo director de deportes profesionales.
Enríquez Negreira, dentro de sus funciones como número dos de los árbitros bajo la presidencia de Sánchez Arminio en el CTA y de Ángel María Villar en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), participaba en las evaluaciones a los colegiados tras cada actuación.
Aunque la denuncia de la Fiscalía de Barcelona se centra en los pagos entre 2014 y 2018, existe constancia de que estos movimientos de dinero se habrían producido desde principios de siglo. Negreira fue árbitro profesional desde el año 1975 hasta 1992 y, después, vicepresidente del CTA desde 1994 hasta el 2018.
Los vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros, además, forman parte de la Comisión de Disciplina y Méritos de la entidad. La Fiscalía subrayaba en su denuncia que las cuentas de las dos empresas de Negreira "se nutrían, prácticamente en su totalidad, de los ingresos procedentes del FC Barcelona". Todo ello, sin estar previsto en los estatutos del club ni haber sido aprobado por su Asamblea General y "sin soporte legal alguno".