El juez del 'caso Negreira' ha acordado imputar al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, tal y como adelantó EL ESPAÑOL hace unas semanas. La decisión llega al concluir que los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) efectuados entre 2008 y 2010, durante su primer mandato, no han prescrito porque constituyen un delito de cohecho continuado.
En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, acuerda ampliar la condición de investigados a Laporta y a los miembros de su junta directiva con responsabilidad en los pagos, con lo que se suma a los otros dos expresidentes del club imputados, Sandro Rosell (2010-2013) y Josep Maria Bartomeu (2013-2020).
El magistrado discrepa así del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que excluyó a Laporta de la denuncia que presentó por los 7,3 millones de euros que el Barça pagó a José María Enríquez Negreira y a su hijo, Javier Enríquez Romero, entre los años 2001 y 2018, al entender que su participación en los hechos durante su primera presidencia, entre 2003 y 2010, ya habría prescrito.
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La lista de imputados crece al cambiar el tipo penal del caso a un delito cohecho, en su modalidad continuada, pasando la prescripción del año 2011 al 2008, diez años antes del último pago a Enríquez Negreira (julio de 2018). El juez señaló al vicepresidente arbitral como "funcionario público", por lo que la pena, en su modalidad más grave, estará entre los tres y los seis años de cárcel.
El magistrado solicitó una lista de los presidentes del FC Barcelona desde el año 2001 y con las fechas exactas de sus mandatos, con la intención de añadir a Laporta como imputado en el caso. Tres semanas después se cumple lo avanzado por EL ESPAÑOL, tras la notificación por escrito este miércoles por parte de los Mossos d'Esquadra.
En el caso de Negreira y su hijo, precisa el auto, los hechos imputables alcanzarían hasta el mes de junio de 2003, dado que la pena a que se exponen, por ser considerados funcionarios públicos a efectos penales, supera los diez años de inhabilitación.
Pese a que hasta ahora no se han hallado indicios de que los pagos a Enríquez Negreira persiguieran favorecer al Barça a través del arbitraje, el juez cree que por sus actos "tuvieron por fuerza que beneficiar al FC Barcelona en detrimento del resto de clubes de la Liga de Primera División o de sus rivales en la Copa del Rey".
José María Enríquez Negreira en una foto de archivo
El pasado 10 de octubre, Joaquín Aguirre ya rechazó que FC Barcelona acusara a los expresidentes Rosell y Bartomeu al ver indicios de que su actual dirigente, Laporta, actuó de forma "idéntica" en su anterior mandato. "No es admisible éticamente que Laporta acuse a los presidentes Rosell y Bartomeu por el delito de administración desleal, cuando existen indicios más que sobrados de que Laporta cometió los mismos hechos que los presidentes posteriores", argumentó el juez.
El Barça respondió criticando los "juicios de valor" del juez sobre la ética de Laporta e insistió en que el pago de cerca de 7 millones de euros a Negreira fue "para disponer de asesoramiento arbitral y sobre jugadores". "Bajo la dirección del presidente Laporta, los pagos siempre se hicieron a la empresa que, se encarga de esta función y nunca a personas o empresas terceras", precisó el club en un comunicado.
Negreira, considerado funcionario
Las defensas del Barça y de los directivos investigados recurrieron ante la Audiencia de Barcelona la imputación por cohecho, con el argumento de que Negreira no puede ser considerado funcionario ni siquiera a efectos penales.
En cambio, el juez defiende en escrito que un reciente auto de la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado que la Real Federación Española de Fútbol -de la que depende el CTA-, tenía carácter de entidad jurídico-pública, por lo que sus directivos "desempeñan funciones públicas por delegación estatal", aunque este organismo ostente la condición jurídica de carácter privado.
Además de los delitos cohecho continuado, corrupción deportiva, administración desleal y falsedad en documento mercantil, el juez atribuye a los investigados otro de falsedad contable, por las facturas supuestamente mendaces sobre los pagos a Negreira que el Barça entregó a Hacienda para desgravarse el impuesto de sociedades.