La Fiscalía Anticorrupción solicita 12 años de cárcel para el antiguo dueño del Granada CF, el empresario italiano Gino Pozzo, y la misma cantidad para el expresidente del club, Quique Pina, por tres delitos fiscales agravados.
Así consta en el escrito de acusación firmado por el Ministerio Público y ya enviado a la Audiencia Nacional, en el que el fiscal solicita que ambos se sienten en el banquillo de los acusados.
Según la tesis de Anticorrupción, Pozzo y Pina —este último, como cooperador— "pusieron en marcha un plan criminal a largo plazo para que, a partir de la toma del control del Granada Club de Fútbol en el año 2009, y mediante la ejecución de una compleja estrategia, les permitiera que las plusvalías que fueran obteniendo mediante el traspaso de jugadores profesionales de fútbol se transfirieran artificialmente a Luxemburgo y no tributasen en España".
Gino Pozzo, a la derecha, durante un partido de fútbol.
De esta forma, habrían causado un "notable lucro económico en perjuicio de la Hacienda pública nacional", tal y como expone Anticorrupción en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Asimismo, Anticorrupción solicita a la Audiencia Nacional que el Granada CF sea condenado a abonar 26,9 millones de euros, "como persona jurídica penalmente responsable" de tres delitos agravados contra la Hacienda Pública. El Ministerio Público también pretende que el club no pueda disfrutar de ayudas públicas o beneficios fiscales por un periodo de 12 años.
Como responsabilidad civil, el fiscal del caso solicita que Pozzo, Pina, el Granada Club de Fútbol y otros acusados abonen a Hacienda, "con carácter solidario y por iguales partes", las cuotas no ingresadas por el Impuesto de Sociedades, que según el escrito de Anticorrupción, habrían eludido durante los ejercicios de 2013, 2014 y 2015. En total: casi 10 millones de euros.
El documento firmado por el fiscal del caso considera a Gino Pozzo el "titular real" del Granada y su "beneficiario último", pese a las "entidades instrumentales" interpuestas en la gestión del club.
[Un auto judicial sitúa a Tebas en las reuniones de la trama del Granada para defraudar a Hacienda]
Tras la conversión del Granada CF en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), los acusados habrían tratado de vaciar su tesorería y "simulado la financiación" de la entidad a través de la empresa luxemburguesa Fifteen Securisation SA, cuyo titular es otro de los acusados, Raffaele de la Riva.
La operación
Esta operación se realizó —expone la Fiscalía— bajo la fórmula de un "contrato de cuentas en participación entre ambas partes", lo que permitiría al club de fútbol acometer el fichaje un conjunto de futbolistas, a cambio del 95% del importe de sus futuros traspasos a un nuevo club profesional.
Para lucrarse bajo esta fórmula, los acusados habrían logrado del control del Granada CF cuando estaba en Segunda B de La Liga, sometido a una intensa crisis económica. Todo ello, mediante empresas pantalla y sociedades interpuestas, según el relato de la Fiscalía. "Para hacerse con el control del proceso concursal, el acusado Gino Pozza adquirió un importante porcentaje de los créditos de la entidad deportiva a través de la mercantil española Daxian 2009 SL (...) y de la mercantil luxemburguesa Albanos Trust SL", relata el escrito. La primera de las dos empresas, de hecho, administrada por Quique Pina, solicitó que el club fuese declarado en concurso de acreedores.
Una vez completada esta "primera fase" del supuesto "plan criminal", la sociedad Orange Chiffon Trading Limited, radicada en Emiratos Árabes, adquirió los derechos sobre 12 jugadores del Granada por un precio conjunto de 8,6 millones de euros en 2010, "con la vista puesta en la futura conversión del club en SAD", pero pese a las "serias dudas" de que la mercantil emiratí pudiera pagar esta cifra total. Fue Daxian 2009 SL la que avaló la operación.
La finalidad última, según la Fiscalía, de toda esta actividad sería la de vaciar el patrimonio del club mediante la operación de venta de los derechos de los jugadores a Orange Chiffon y permitiendo así "rebajar el importe del capital social de la futura SAD" y que Daxian 2009 SL pudiera adquirir la mayoría de los créditos de la entidad.
Tras todo ello, los acusados habrían comenzado "una estrategia de defraudación" para evitar el pago del Impuesto de Sociedades por las plusvalías que pudiera obtener con los traspasos de los jugadores de fútbol. "Para ello se hace uso de la supuesta financiación de la entidad Fifteen Securisation SA", relata la Fiscalía. Y esta operación habría sido paralela al vaciamiento del patrimonio del club.
En resumen, "lo único que hay es una estructura formada por una multitud de entidades meramente instrumentales que permite vaciar la tesorería del club para crear una necesidad de financiación externa y, en base a esa pretendida financiación, trasladar fuera de España las plusvalías que se obtienen con los traspasos", expone Anticorrupción.
El escrito de acusación relata que entre 2013 y 2016, el Granada CF SAD no contaba con medidas de supervisión del comportamiento de sus directivos. Así, la Fiscalía narra que Pina y Pozzo obtuvieron "un beneficio económico derivado de las cuotas del Impuesto de Sociedades dejadas de ingresar".
De hecho, cuando en 2016 el club fue vendido al grupo de inversión chino Wuhan DDMC Football Club Management Co., el contrato incluía cláusulas que mantenían vigente la "estructura de financiación externa aportada por Fifteen Securisation SA". Tras la operación, Quique Pina y otro de los acusados, Jordi Trilles, se mantuvieron como "personas clave" en la estructura del club, pese a contar con unos nuevos dueños asiáticos. De esta forma, ambos —expone la Fiscalía— tenían acceso a las cuentas bancarias "mediante las cuales se abonarían los pagos que se recibieran en ejecución de los contrarios de cuentas en participación vigentes".