El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reducido notablemente la sanción impuesta al Atlético de Madrid por los incidentes ocurridos en el derbi de la octava jornada de Liga, generando una fuerte controversia. Lo que inicialmente era un castigo de tres partidos con cierre parcial de su estadio y una multa de 45.000 euros, ha quedado reducido a un solo partido y una sanción económica de 3.000 euros.
Este ajuste en la sanción ha generado indignación en diversos sectores del fútbol español. Aficionados y clubes como el Valencia han expresado su descontento, recordando cómo ellos sí tuvieron que afrontar castigos mucho más severos, como el cierre de su grada de animación en Mestalla por tres partidos, tras los insultos racistas dirigidos a Vinicius hace dos temporadas. La percepción generalizada es que los incidentes en los estadios españoles "salen baratos" en comparación con otros países y situaciones similares.
El caso del Atlético no es aislado en el fútbol español. En la temporada pasada, el Getafe también logró que le fuera revocada una sanción similar que implicaba el cierre parcial del Coliseum por tres partidos, tras insultos racistas hacia el jugador del Sevilla, Marcos Acuña. Asimismo, el Atleti ha visto cómo en otras ocasiones se han suavizado las sanciones en su contra. Por ejemplo, tras los insultos racistas contra Nico Williams, la RFEF retiró una multa de 20.000 euros y la clausura parcial del Metropolitano por dos partidos.
El estadio del Atlético ha sido objeto de sanciones en cuatro ocasiones desde su inauguración en 2017. Uno de estos castigos se produjo tras la final de la Europa League en 2018, cuando algunos ultras del club exhibieron un "comportamiento racista" y lanzaron bengalas en Lyon.
En otra ocasión, durante un partido de la Champions League contra el Manchester City en la temporada 2021/22, el club fue sancionado por saludos nazis de sus aficionados. Sendos casos resultaron en el cierre parcial del estadio, afectando a 3.000 y 5.000 asientos, respectivamente.
El contraste con Europa
La diferencia entre las sanciones en España y en otros países europeos es notable. El contraste más reciente se ha visto en la sanción impuesta por la UEFA al Athletic, que fue multado con 30.000 euros por los incidentes ocurridos el 26 de septiembre en el estadio Olímpico de Roma.
Estos incidentes incluyeron el encendido de bengalas y el lanzamiento de objetos desde la grada de seguidores del equipo vasco. La UEFA, además de la sanción económica, suspendió la venta de entradas para el próximo partido como visitante del Athletic durante un periodo de prueba de dos años.
Otro ejemplo reciente lo protagonizó el PSG en la última Champions League. El club parisino fue multado con 50.000 euros y sufrió el cierre parcial de su estadio por incidentes relacionados con el encendido de fuegos artificiales durante la semifinal contra el Borussia Dortmund, el 7 de mayo. Estas medidas disciplinarias por parte de la UEFA muestran una mayor dureza en el tratamiento de estos comportamientos en los estadios.
Francia es el país de entre las grandes ligas que mayor descontrol ha presentado con sus ultras y ahora, tras repetidos incidentes, se están tomando cartas en el asunto. Equipos como el Olympique de Lyon, el Olympique de Marsella y el Saint-Étienne han sido sancionados en los últimos años con el cierre total de sus estadios debido a los altercados protagonizados por sus ultras. España, por el contrario, ha mostrado una postura más laxa en términos de sanciones de este tipo.
Una sanción "histórica"
Pese a la reducción de la sanción al Atlético por parte del Comité de Apelación, la Comisión Antiviolencia, que actúa de forma independiente a la RFEF, ha propuesto una sanción mucho más severa. Esta propuesta incluye el cierre completo del estadio del Atlético durante dos semanas, acompañado de una multa de 65.000 euros. La sanción debe ser tramitada por la Secretaría de Estado de Seguridad, pero de ser aplicada, marcaría un antes y un después en la política sancionadora del fútbol español.
Ante esta propuesta, el Atlético no tardó en reaccionar. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, calificó la medida como "completamente desproporcionada" y expresó su malestar con el enfoque hacia este tipo de sanciones. "Tenemos claro que el comportamiento de los seguidores que lanzaron objetos en el derbi ante el Real Madrid es inaceptable", afirmó, añadiendo que no quieren este tipo de aficionados en su estadio. Sin embargo, también subrayó que está "harto del uso populista y demagogo de estos incidentes", apuntando que el problema debe ser resuelto por todos los actores involucrados en el fútbol.
Por su parte, José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), volvió a mostrar este jueves su apoyo a la propuesta de Antiviolencia, considerando que la sanción es "necesaria, justa y proporcional". En una comparecencia en el Senado, Rodríguez Uribes afirmó que los incidentes ocurridos en el Metropolitano durante el derbi eran "la antítesis de los valores deportivos" y que perjudicaban la imagen del fútbol español, además de dañar a un club histórico como el Atlético de Madrid.
El presidente del CSD destacó la importancia de sancionar este tipo de conductas, pero también subrayó la necesidad de un enfoque integral que incluya la prevención, la educación y la concienciación social. "Las sanciones deben ir siempre acompañadas de educación y formación en valores cívicos", señaló. Para ello, anunció que se reactivarán los trabajos del Observatorio contra el racismo, la xenofobia y la violencia en el deporte, con el objetivo de coordinar acciones que aborden el problema desde diversos ángulos.
Un problema que requiere acción
Los recientes incidentes en los estadios españoles, sumados a la diferencia en el tratamiento sancionador respecto a otras ligas europeas, han puesto de manifiesto la necesidad de cambios en la política disciplinaria del fútbol nacional. La propuesta de la Comisión Antiviolencia para sancionar al Atlético podría suponer un punto de inflexión, estableciendo un precedente que motive a los clubes y a las autoridades a tomar medidas más contundentes contra los comportamientos violentos en los estadios.
El debate sobre cómo afrontar estos problemas sigue abierto, pero lo que es innegable es que el fútbol español necesita actuar con mayor firmeza si no quiere seguir quedándose atrás respecto a otros países en la lucha contra la violencia y el racismo en sus estadios.