Pedro Rocha no podrá presentarse a las elecciones de la RFEF que se celebrarán el 16 de diciembre. Así lo ha dictaminado la Comisión Electoral de la Federación basándose en el artículo 5 de la Orden EFD/42/2024, de 25 de enero.
El texto establece que "constituye requisito específico de elegibilidad que la persona no estuviese inhabilitada para ocupar cargos directivos o de representación en el ámbito deportivo por resolución firme en vía administrativa dictada por el órgano disciplinario competente, no estar inhabilitada para el desempeño de cargo púbico o de representación por sentencia judicial firme, ni estuviese inhabilitada en el ámbito deportivo por resolución definitiva de un Tribunal Deportivo, federación nacional o internacional".
Miguel Ángel Galán, presidente de CENAFE, advirtió el martes al Consejo Superior de Deportes; al Tribunal Administrativo; Comisión Electoral; Secretaría General y al departamento jurídico de la RFEF, que Pedro Rocha se encuentra inhabilitado al estar imputado por corrupción, condiciones por las que un candidato no puede presentarse.
Este miércoles, la Federación ha enviado una declaración jurada a todos los candidatos que se quieran presentar a las elecciones de la RFEF en el que deben firmar que no se encuentran inhabilitados por resolución firme en vía administrativa.
El pasado 18 de octubre, María Ángeles García, vicepresidenta adjunta de la RFEF, inició el proceso para las elecciones de la Asamblea, Comisión Delegada y Presidente. El 16 de diciembre es el día acordado para las elecciones a la Presidencia y Comisión Delegada, unas elecciones a las que no se podrá presentar Pedro Rocha.
Pedro Rocha quedó inhabilitado en julio después de que el TAD considerara que se había extralimitado en sus funciones como presidente de la gestora que reemplazó a Luis Rubiales. Además de la inhabilitación, Rocha enfrenta multas que ascienden a 33.000 euros por irregularidades en el contrato de la Supercopa de España y el despido del secretario general Andreu Camps.
En estas elecciones, los 19 presidentes territoriales, que controlan el voto de los 140 miembros de la Asamblea, serán claves. La Federación sigue en un limbo político, con candidatos como Pablo Lozano, presidente de la Federación Andaluza, que busca apoyo entre los barones territoriales para asegurar su posición.