Pedro Rocha se queda sin más vidas. El dirigente cacereño no podrá presentarse a presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) tras serle denegada, por parte de la Audiencia Nacional, la medida cautelar solicitada, por segunda vez, en contra de su inhabilitación. Así lo ha decidido el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2.
El nombre de Rocha, por tanto, no formará parte del próximo proceso electoral de la RFEF que arrancará el próximo lunes, con la composición de la Asamblea. En cinco días se conocerá el nombre que —salvo impugnaciones— será el nuevo presidente del ente federativo, y ahora se confirma que no será la figura que ocupó el cargo tras la suspensión y posterior dimisión de Luis Rubiales. El día 16 de diciembre se escogerá de manera definitiva el próximo presidente para la Federación.
Varios presidentes de territoriales —como Rafael Louzán, de la gallega, o Pablo Lozano, de Andalucía— han tanteado presentarse al proceso electoral y pueden dar el paso sin Rocha en el camino, mientras que a la palestra han salido también nombres como los de Juanma Morales, Eva Parera y hasta el presentador Carlos Herrera.
Rocha no puede presentarse a las elecciones por la inhabilitación de dos años, vigente desde el pasado julio, que le impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) por haberse extralimitado en sus funciones mientras era presidente de la comisión gestora y despedir en septiembre del año pasado al entonces secretario general Andreu Camps.
El extremeño ya solicitó en una primera ocasión la suspensión cautelar de esta sanción, pero su recurso fue desestimado a principios de septiembre por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de la Audiencia Nacional, cuando aún no estaban convocados los comicios federativos.
El pasado 18 de octubre la RFEF oficializó la convocatoria de estos, que fijan la fecha del 25 de noviembre para la elección de la nueva Asamblea General y la del 16 de diciembre para la del presidente y la Comisión Delegada.
El artículo 37 del Reglamento Electoral de la RFEF señala como causa de inelegibilidad para el cargo de presidente "estar inhabilitado para ocupar cargos directivos o de representación en el ámbito deportivo por resolución firme en vía administrativa dictada por el órgano disciplinario competente, estar inhabilitada para el desempeño de cargo público o de representación por sentencia judicial firme, o estar inhabilitada en el ámbito deportivo por resolución definitiva de un Tribunal Deportivo, una federación nacional o internacional".
Rocha insistió en su petición, alegando el "daño irreparable" que podría sufrir, pero ha vuelto a ser denegada. En una resolución fechada este martes, el magistrado Luis Alfredo de Diego estudia los perjuicios que podrían producirse en los eventuales escenarios: si aceptase la medida cautelar solicitada o si no lo hiciera.
Y explica que si se suspende la inhabilitación y Rocha lograse su deseo de ser presidente de la RFEF, no habría sufrido perjuicio alguno, en el caso de que la sentencia final le diese la razón y anulase la sanción. "Pero, si la sentencia final firme mantuviese la legalidad de la inhabilitación, se generaría un grave problema respecto de todas aquellas decisiones que hubiera tomado [Rocha] durante su mandato, afectando además, a terceros. Un perjuicio nada desdeñable desde la perspectiva del interés público y de terceros", justifica.
En el segundo escenario, si no se suspende la inhabilitación, el juez reconoce que Rocha se quedaría, sí o sí, sin ser presidente de la RFEF. De tener éxito en su demanda, explica el magistrado, la eventual anulación de su inhabilitación, cuando ya no pueda presentar su candidatura, le podría causar unos perjuicios morales, profesionales y económicos "que bien podrían resarcirse económicamente".
Por tanto, la resolución prioriza esta posibilidad, como "mal menor", a fin de "salvaguardar el interés público y de terceros" frente a las pretensiones de Rocha, "que podría ser, en todo caso, debidamente indemnizado por los daños y perjuicios sufridos".
Investigado en el 'caso Supercopa'
Pedro Rocha, por otro lado, se mantiene como investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), en el procedimiento que sigue por posibles irregularidades en contratos durante el mandato de Luis Rubiales.
La jueza que investiga contratos de la RFEF, como el que trasladó la Supercopa a Arabia Saudí, citó a declarar como testigo a Rocha el pasado abril y durante su declaración decidió cambiar su condición a la de investigado.
Pedro Rocha en el Juzgado de Majadahonda (Madrid) el día que fue imputado en el 'caso Supercopa'
Rocha fue vicepresidente económico de la RFEF desde 2020 hasta que sustituyó de forma interina a Rubiales como presidente de la comisión gestora en agosto de 2023, cuando este fue suspendido temporalmente por la FIFA, tras su comportamiento en la final del Mundial femenino y el beso no consentido a Jenni Hermoso, por el que va a ser juzgado, además de por coacciones a ésta.
La defensa de Rocha solicitó sin éxito al juzgado con un recurso de reforma que revocara su imputación, porque la considera "inconsistente" y ha vuelto a hacerlo con un recurso de apelación, al que se adhirió hace unos días LaLiga.
La patronal que preside Javier Tebas, en escrito fechado el 7 de noviembre, solicitó al juzgado que estime el recurso de apelación interpuesto por Pedro Rocha contra el auto que mantiene su condición de investigado, así como que declare el sobreseimiento y archivo parcial de las actuaciones en relación con el dirigente extremeño.