Rueda de prensa del Nástic de Tarragona Gimnástic de Tarragona
Estos son los indicios que ve el Nástic de amaño en el partido contra el Málaga: acusa al árbitro de "corrupción"
- La institución catalana es el primer club de fútbol español que se querella contra un colegiado.
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El Gimnàstic de Tarragona ha presentado una querella contra el árbitro Eder Mallo Fernández por presuntos delitos de "corrupción en el deporte" y "falsedad documental" tras el polémico desenlace del partido del play-off de ascenso a Segunda División disputado contra el Málaga el pasado 22 de junio.
El club tarraconense argumenta que existen claros indicios de que el colegiado amañó el encuentro, en el que el equipo andaluz consiguió el empate (2-2) en el último minuto de la prórroga, lo que, sumado a su victoria por 2-1 en la ida, selló su ascenso.
El abogado del club y miembro del consejo de administración, Antoine Jordà, declaró en rueda de prensa que el arbitraje estuvo lleno de decisiones "inexplicables" que perjudicaron gravemente al Nàstic. "Hay cosas que son inaceptables: este señor no puede quedar impune, aunque sepamos que no recuperaremos ese ascenso y que muy probablemente se declare insolvente", afirmó.
La querella del Nàstic está fundamentada en una investigación llevada a cabo por la agencia de detectives Método 3, que concluye que Mallo Fernández actuó de manera "premeditada" contra el club catalán. Entre las pruebas presentadas se incluyen audios y testimonios que, según el club, evidencian una animadversión personal del árbitro hacia Tarragona y los Mossos d'Esquadra. El informe recoge frases como "Tarragona es una puta mierda" y "los Mossos son unos hijos de la grandísima puta. No hay policía más corrupta que esa".
Francisco Marco, responsable de la investigación, apuntó: "En el pensamiento, todos suponemos que un árbitro, al final, tiene una orden, pero quién la dio, cómo la dio... todo eso tiene que determinarlo un juzgado, no puedo hacerlo yo".
Además, el club sostiene que el árbitro mintió en el acta del partido, donde afirmó haber sufrido amenazas de muerte y temido por su integridad física, lo que contradice el informe policial. A raíz de este acta, la Federación Española de Fútbol sancionó al Nàstic con el cierre de su estadio durante cuatro partidos y una multa de 9.000 euros.
Decisiones cuestionadas
El Nàstic considera que las decisiones arbitrales fueron sesgadas y deliberadas para favorecer al Málaga. Una de las acciones más controvertidas fue la expulsión del central Nacho González en el minuto 63, que dejó al equipo catalán con diez jugadores. Jordà también denunció que, durante la prórroga, el árbitro detuvo el partido durante varios minutos "sin avisar al delegado de campo" por la aparición de cuatro balones en el terreno de juego.
En palabras del abogado: "El árbitro arregló el partido pitando una serie de faltas y sacando unas tarjetas para que la naturaleza hiciese después su trabajo, pero se encontró con un imprevisto: el Nàstic marcó dos goles con un jugador menos y tuvo que tomar decisiones inexplicables".
Otra situación que genera dudas fue el comportamiento del colegiado en el descanso de la prórroga, cuando el Nàstic ganaba 2-0. "Pidó un relajante muscular porque estaba muy nervioso y decía que no podía continuar. No se entiende que estuviera nervioso con el equipo local ganando y un ambiente festivo, a no ser que estuviera escondiendo algo", reflexionó Jordà.
Impacto económico y sanciones
El club estima que la pérdida del ascenso le ha causado un perjuicio económico de más de cinco millones de euros por los derechos televisivos de Segunda División. A esto se suman las pérdidas por el cierre del estadio, valoradas en unos 50.000 euros. "Hemos presentado esta querella para que la actuación de Eder Mallo Fernández no quede impune y para salvaguardar la dignidad del club y de la ciudad. A nivel deportivo, no nos va a hacer que subamos de categoría", lamentó Jordà.
El catedrático de Derecho Penal Fermín Morales, responsable de redactar la querella, explicó que si el caso prospera, el árbitro podría enfrentarse a penas de privación de libertad e inhabilitación. "Esperamos que la Fiscalía nos apoye", dijo, confiando en que el proceso judicial avance.
