Venticinco millones de euros han podido volar de las arcas públicas en lo que debería ser el legado más importante desde el punto de vista social en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La operación anticorrupción “Bota-fora”, liderada este martes por la Policía Federal, hace saltar todas las costuras de un caso que se venía estudiando en profundidad desde finales de marzo.
Según la Controladoria Geral da União (CGU), órgano responsable de auditorías internas y combate de la corrupción en Brasil, “la operación Bota-fora –Policía Federal, Ministerio Público Federal, Hacienda y CGU– busca desarticular una red criminal de desvío de recursos públicos en las instalaciones del Complejo Deportivo de Deodoro”. Estas instalaciones olímpicas –que acogerán pentatlón moderno, baloncesto y esgrima en silla de ruedas, hípica, hockey sobre hierba, tiro, rugby, ciclismo de montaña, BMX y piragüismo de eslalon– estaban bajo sospecha desde finales de marzo, como ya publicó EL ESPAÑOL, después de que la Caixa Econômica Federal bloqueara los últimos pagos al consorcio constructor.
Actualmente, según la Controladoria Geral da União, “están activos ocho mandatos de busca y captura en la sede administrativa del Consorcio Complexo Deodoro –encargados de las obras de construcción en este área–, en la sede de otras empresas vinculadas a la trama y en las residencias privadas de los investigados.”
En el punto de mira: cientos de facturas y las graves sospechas de falsificación de documentación en la obra civil y superfacturaciones de movimiento de residuos. Las empresas objetivo de esta operación “Bota-fora”, integrantes del consorcio constructor, son Queiroz Galvão y OAS, ambas involucradas también en el famoso y dañino caso Lava-Jato, que mantiene a la sociedad brasileña y a toda la clase política en vilo desde hace tres años. Tanto Queiroz Galvão como OAS cuentan con directivos condenados y en la cárcel por este caso Lava-Jato, y OAS se encuentra sumida en pleno concurso de acreedores (recuperação judicial, en portugués) desde el pasado 28 de enero.
Cuando hace meses la Controladoria Geral da União levantó la liebre que hoy ha desembocado en esta operación policial, la Empresa Olímpica Municipal tardó unas cuantas horas en levantarse del golpe, pero explicaba que “todos los contratos de obras y pagos son analizados y fiscalizados por el Ayuntamiento, la Caixa Económica Federal y el Ministerio de Deportes, y avalados por el Tribunal de Cuentas de la Unión. El Ayuntamiento de Río respeta y apoya el trabajo de la Controladoria Geral da União y del Ministerio Público Federal, y si se comprueban pagos indebidos, serán debidamente aclarados.”