El Gobierno quiere que los árbitros coticen en la Seguridad Social y paguen impuestos

El pasado 1 de febrero, el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, aprobó el anteproyecto de la Ley del Deporte. Con ella, el Ejecutivo trata de hacer una renovación de la legislación vigente en torno a diferentes figuras que forman parte de las competiciones deportivas. El punto que ha suscitado mayor polémica es el que regula la labor arbitral, hasta ahora en el limbo legal, y que pasaría a cotizar a la Seguridad Social.

Se calcula que en España hay unos 80.000 árbitros repartidos entre todas las disciplinas deportivas. Para todos ellos, el anteproyecto de ley, en su preámbulo, aclara que "cuando los árbitros perciban una retribución por su labor y no un simple reintegro de gastos por desplazamiento, estancia u otro concepto, conforme, en este último caso, a la legislación laboral y fiscal, tendrán que formalizar su relación en el marco de las opciones que establece la normativa laboral y ser incorporados al sistema de Seguridad Social". 

De esta manera, los árbitros colegiados ya no percibirían los ingresos por su labor sin declarar por ellos, si no que el Gobierno ejercería el control sobre esta actividad. Según Antonio Gea, abogado y presidente de la Asociación Española de Árbitros (AEA), "las distintas federaciones no llaman salario a esos ingresos para no reconocer que existe una relación laboral con los árbitros", asegura, aprovechando así un supuesto que hasta ahora no contemplaba la regulación del colectivo arbitral.

Aunque el recorrido para aprobar la nueva Ley del Deporte aún es largo, este es un paso para regularizar la situación. Para Gea son las federaciones las que deben asumir ese coste y que de esta manera no recaiga íntegramente en los árbitros que les suponga un coste añadido. 

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol y con el Comité Madrileño, pero han preferido no hacer valoraciones sobre el anteproyecto. La Federación Navarra de Fútbol tampoco ha querido participar en la realización de este reportaje, prefiriendo ver cómo evoluciona esta ley antes de hacer declaraciones.

Una medida contradictoria 

El pasado 3 de agosto, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobaba un plan con el que se pretendía aflorar 40.000 puestos de trabajo catalogados como ‘falsos autónomos’ y pasarían a ser asalariados. "Los falsos autónomos son competencia desleal que hay que atajar", argumentaba Lorenzo Amor, el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Celaá en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que se ha celebrado este viernes en Sevilla Efe

Con esta medida, si finalmente las federaciones no están dispuestas a asumir la cuota de los colegiados con la Seguridad Social, serían los árbitros los que asumirían ese pago, pese a ser una actividad dependiente de la federación, por lo que pasaría a ser lo que Isabel Celaá definió como "falso autónomo" en el Consejo de Ministros. Hasta el momento, la legislación vigente no regulaba este aspecto porque cada partido tiene un pagador –o varios- distinto, por lo que la relación laboral se dispersa. 

Las consecuencias del anteproyecto

Sin embargo, lo que parece una regulación de la situación laboral de un colectivo, puede revertirse en el número de colegiados. La postura de la AEA es buscar la regulación de la función arbitral, empoderando así a las personas que hacen de jueces en los partidos y obteniendo más derechos. Sin embargo, Gea también reconoce que "puede haber muchos árbitros a los que no les interese si cambia el estatus jurídico de la labor, si tienen otra profesión aparte, si perciben algún tipo de beca o que en el núcleo familiar no interese tener una persona más cotizando", por lo que el número de colegiados "sobre todo menores de 25 años", aclara Gea, puede disminuir considerablemente. 

La norma impediría colegiarse a aquellos árbitros menores de 16 años al no estar en edad laboral y poder cotizar. Hasta ahora, no hay una edad establecida para que una persona pueda colegiarse como árbitro deportivo. Son las propias federaciones las que marcan esa edad, que suele estar por debajo de los 16.

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