La investigación sobre la presunta corrupción en la Federación Española de Taekwondo continuará durante algunos meses más. Jesús Castellanos y el resto de implicados en el caso pidieron el pasado mes de enero una prórroga al juez en la que se reclama que analice los informes propios que contradicen a los de la UDEF. Los denunciantes, en su respuesta al juzgado, se han opuesto al verlo como una estrategia para "dilatar indefinidamente" el procedimiento.
La UDEF, en esos informes que ya publicó EL ESPAÑOL, detalló cómo la Federación presentó facturas falsas y justificó gastos de manera errónea. Además, en conversaciones pinchadas y captadas por la Policía se pudo comprobar cómo se manipulaban las cuentas con el objetivo de que, en algunos casos, quedaran "mil -euros- limpios". El informe, que en su modelo resumen cuenta con casi 200 páginas, acreditaba incluso la "percepción irregular de dietas por el personal administrativo".
Jesús Castellanos, presidente de la Federación y principal investigado en estas diligencias, ya trasladó a este periódico que los informes con los que contaban contradecían las prácticas por la UDEF. El máximo mandatario del organismo, en conversación con EL ESPAÑOL el pasado mes de octubre, rechazó ceder los informes de su perito.
Ahora reclaman al juez una prórroga para que este pueda analizarlos. Concretamente, solicitan la prórroga para que se efectúe la "ratificación a presencia del Juez Instructor del perito auditor" cuyo informe ya está incorporado a autos. Estos informes son la principal defensa empleada por Castellanos y su equipo, que consideran que todas sus acciones en la Federación entraron dentro de la legalidad.
También piden que el CSD traslade al juzgado todos los expedientes tramitados entre 2008 y 2017 en relación a las subvenciones y ayudas recibidas por el ente federativo en todo ese periodo. Específicamente se requiere una copia certificada de los expedientes "indicando los reparos manifestados [...] a su fiscalización", incluyendo "las correcciones que haya podido hacer" la propia Federación a petición del CSD.
Es decir, la Federación, como viene defendiendo desde hace tiempo, estuvo supervisada por el Consejo Superior de Deportes. Y, por ende, todas sus actividades debieron de contar con ese seguimiento. Sin embargo, el propio CSD aparece en la causa como acusación particular, por lo que se entiende que desde el Consejo no hay seguridad sobre las prácticas llevadas a cabo.
La petición de la prórroga pide al juez, de igual manera, que el Consejo Superior de Deportes remita las auditorías obligatorias que se han realizado y que tenían como objetivo controlar la buena gestión de la Federación. Los ejercicios incluidos, nuevamente, son desde el 2008 al 2017.
Castellanos y compañía hasta piden que devuelva a esta parte todos los documentos obtenidos por la UDEF en su día. Además de dicha documentación, se subraya que no han sido devueltos ordenadores y teléfonos móviles en su día requisados por la unidad policial.
El simple hecho de pedir esta prórroga supone alargar el proceso judicial. La idea inicial era que en enero el fiscal pudiera pronunciarse. Ese mismo mes llegó esta petición conocida ahora. Parte de la acusación particular ha presentado alegaciones rechazando esta prórroga pues no ve viable que se vaya a aportar nueva información que pueda contradecir los informes presentados por la UDEF.
De dilatarse, los cinco años que lleva abierto el proceso continuarían sumando meses. Cabe recordar que Jesús Castellanos siempre ha defendido su inocencia y la buena gestión de la Federación. Por ello la relevancia de que se tengan en cuenta los informes de su perito que desmienten a la UDEF.
[Más información - El expresidente de la FEB, José Luis Sáez, condenado a un año de cárcel por apropiación indebida]