“Cause if good’s on the left, then I’m stickin’ to the right” Brian Johnson, Angus Young

Ustedes recordarán la retórica sobre cambio climático de la Cumbre de París y las amenazas que se hacían a Estados Unidos.

Pues bien, por noveno año consecutivo, Estados Unidos ha sido el líder en reducción de emisiones. En 2017, sin cumbre, sin ampulosas leyes intervencionistas y sin brindis al sol, Estados Unidos redujo sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) más que los seis siguientes países juntos.

¿Y quiénes fueron los líderes en aumento de emisiones? China e India, que se apuntaron a la cumbre del clima con acuerdos en los que no se comprometían a nada vinculante, y la Unión Europea.

¿La Unión Europea, líder en políticas verdes, la cuarta en mayor aumento de emisiones?

Ya explicamos aquí por qué.

Alemania, eliminando las nucleares, consume más carbón, depende más del gas ruso y la factura de los sufridos consumidores se ha duplicado con las subvenciones a las renovables (lean Una política energética que no debemos copiar).

No olvidemos que la Unión Europea, con una política eminentemente subvencionada, no promueve un cambio competitivo del modelo energético. La Unión Europea es alrededor del 10% de las emisiones del mundo, pero el 100% del coste. El sufrido consumidor europeo paga varias veces por todo. Paga las subvenciones a las renovables, al carbón, a la interrumpibilidad, el coste del CO2 y, ahora, el diésel.

Y encima, tras las fotos, aumentan las emisiones.

La transición energética es una idea interesante, incluso positiva, pero no podemos olvidar la competitividad. Como explicamos aquí, “no habrá transición energética sin competitividad”. Si olvidamos la competitividad, como alertó ya Durao Barroso, solo conseguiremos deslocalización industrial, paro y pérdida de capacidad exportadora. Las empresas europeas pagan una media de un 50% más que sus competidoras norteamericanas por el gas natural y la electricidad.

Desafortunadamente, ante la evidencia de los errores que hemos cometido desde el intervencionismo en Europa, en vez de solucionarlo con alternativas de competencia adecuada, se propone… más intervencionismo.

Como no podía ser de otra manera, Podemos y sus adláteres han aprovechado para hacer un proyecto de ley “de Cambio Climático y Transición Energética” que es una batería de medidas que no solo van en contra de lo que han recomendado los reguladores europeos sino que, como siempre, es un programa de regreso al pasado. Volver al marco regulatorio de precios intervenidos que generó apagones, destrucción de balances, subvenciones cruzadas y falta de competencia.

Ni una palabra sobre el escandaloso porcentaje de impuestos y subvenciones que pagamos en la factura eléctrica (más del 60%), no. Piden más impuestos todavía. Y culpan de los precios a un 23% de la factura, no a la brutal subida de costes fijos por subvenciones y cargas tributarias.

Lo que más divierte del documento es que retrasan la eliminación del carbón del mix energético a 2024. ¡A 2024! El carbón en España es deficitario y está subvencionado por todos nosotros. ¿Por qué los verdes de la transición energética retrasan algo que puede desaparecer hoy sin problema, y lo hacen hasta 2024? Porque el carbón es una máquina de clientelismo sindical. Llevan “en proceso de transición” tres décadas.

Por supuesto, el documento arremete contra las “malvadas” empresas generadoras que suponen poco más del 20% del coste, pero no dice ni palabra de las monstruosas subvenciones.

Subvencionar el carbón y penalizar al eficiente para incentivar al ineficiente. La fórmula que solo ha servido en Europa para disparar los precios de la electricidad.

Por supuesto, la manía de nacionalizar. El progresisimo en España es lo más regresista que he visto en mi vida.

Nacionalizar Red Eléctrica, que es un ejemplo mundial de eficiencia, gestor técnico y calidad de suministro, le costaría al estado más de 15.000 millones de euros porque tendría que compensar a sus accionistas. Es una sandez cuando es una empresa 100% regulada, sus inversiones las aprueba el regulador y sus costes están dictaminados por ley. ¿Para qué nacionalizarla? Para hundirla. Porque las empresas públicas no son de los ciudadanos, son de los políticos, y desde Italia a Francia hemos visto que se inflan los costes y se multiplican los empleados y luego las tiene que rescatar constantemente el contribuyente.

Se trata de estropear lo que funciona y pasarles el coste a los ciudadanos. Expropiar las redes de distribución minoristas y municipalizarlas es lo mismo que comentábamos antes. Costaría al menos 12.000 millones de euros a los contribuyentes. ¿Y, para qué expropiar activos cuya remuneración actual es inferior a su coste de capital? Las municipalidades en toda Europa fueron un dominó de fracasos endeudados, caros e ineficientes y por eso se fusionaron y privatizaron. No existe ninguna razón para dividir en miles de mini-empresas la red de distribución, que está completamente regulada, a menos que… ah, es una idea buenísima para llenarlas de políticos. Ocho mil nuevos consejos de administración, presidentes, directores financieros, clientelismo que paga usted.

Por supuesto, hablan de mantener el carbón siete años más, pero la obsesión con la energía nuclear no se la quitan, aunque hoy, en impuestos, pague más de lo que genera en ingresos, y los expertos han certificado en un informe reciente que prescindir de la energía nuclear supondría un aumento de las emisiones de casi el 100% en el escenario de referencia y del precio de la luz de casi un 20% anual.

Todo el documento de esta propuesta de ley son lugares comunes ideológicos que no han funcionado en ningún país, y achacar a la inexistente liberalización -el sector eléctrico es el más regulado- los males creados por el constante intervencionismo gubernamental, que es lo único que hemos vivido en España.

Todo el documento es añadir costes fijos y medidas adicionales de intervención que han funcionado desastrosamente en Grecia o Italia con las empresas estatales.

Teniendo en cuenta los costes de compensación, nuevos costes fijos, e ineficiencias, el programa supondría una subida del precio de la luz mínima del 20% y, además, mayores impuestos.

Lo hemos dicho muchas veces.

La demagogia intervencionista no puede dictar la política energética. No podemos ignorar los riesgos de seguridad de suministro si tenemos un mix energético volátil e intermitente y altamente cargado de costes fijos.

Tenemos que considerar los compromisos medioambientales de manera que no destruyan el consumo, la inversión, el crecimiento y la renta disponible. La transición energética es imparable si se deja trabajar a la competencia, pero se tiene que dar poniendo la competitividad y la lógica económica y social junto a los objetivos medioambientales. Los contribuyentes no pueden ser, de nuevo, los que paguen los errores de planificación y las veleidades clientelares de los políticos.

El sistema eléctrico español no necesita más politiqueo, lo que necesita es más lógica y competencia real. Remuneración adecuada a las tecnologías y eliminación de subvenciones inútiles.

El documento de Podemos lo único que busca es cargar al contribuyente con los costes de crear miles de redes clientelares y mantener el carbón ineficiente y contaminador. Y todo por un supuesto ideal verde. Verde carbón. No se lo creen ni ellos.