Seis años después de que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy se apresurara a aprobar en diciembre de 2011 -en el primer Consejo de Ministros tras ganar las elecciones del 20 de noviembre- el emplazamiento del cementerio nuclear, en Villar de Cañas (Cuenca), el proyecto sigue empantanado a la espera de que se tengan todos los permisos. Ni siquiera existe el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental, pendiente de que lo apruebe el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Y los reveses al proyecto prosiguen mientras el Gobierno sigue licitando y adjudicando contratos, a través de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), por un monto cercano ya a los 100 millones de euros.

Nulidad el plan de urbanismo 

El último contratiempo al cementerio nuclear se producía el pasado 11 de enero, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) desestimaba el recurso interpuesto por el Ayuntamiento conquense contra la decisión que había adoptado el Gobierno regional, presidido por Emilio García Page, de anular el plan de urbanismo de la localidad nada más asumir el cargo, en julio de 2015.

Su antecesora, la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se había apresurado a aprobar este plan de urbanismo, en junio de 2015, estando en funciones, y con el objetivo de tratar de dejar atado uno de los muchos cabos sueltos del proyecto.

Reacciones dispares

La decisión del TSJCM, recurrible ante el Supremo, era acogida de manera dispar. Desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear lo tienen claro. “Las prisas por aprobar el plan, cuando Cospedal estaba en funciones, tenía el riesgo de falta de seguridad jurídica. Y, por mucho que diga el alcalde, sin plan no hay ATC”, comentaba a EL ESPAÑOL la hasta ahora portavoz de esta plataforma, María Andrés, la ganadera de la zona que este domingo era nombrada presidenta de Ecologistas en Acción Cuenca.

En sentido contrario, el ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, obviaba la sentencia y daba por hecho la presentación del recurso ante el Supremo, confiando que el alto tribunal enmiende la plana al TSJC. Cree Catalá que la instalación nuclear debe seguir adelante por las repercusiones positivas sobre la economía y el empleo en la zona.

Argumento que era rápidamente respondido por García-Page. “Es absurdo continuar con el proyecto. Sin plan de ordenación no se pueden dar licencias y, además, se corre el riesgo de cometer delito de prevaricación”, salía al paso el presidente castellano-manchego.

Nuevas licitaciones en el cementerio nuclear 

No obstante, las licitaciones de contratos y adjudicaciones de Enresa prosiguen. En estos momentos, como ha podido comprobar este periódico en el perfil del contratante de la empresa pública, existen dos expedientes en marcha.

Este mismo lunes el presidente de Enresa, Juan José Zaballa, ponía su firma a la convocatoria del contrato para realizar, por 48.000 euros, el servicio de retirada de aguas residuales en el Parque Empresarial de Enresa en Villar de Cañas. Y un mes antes, en diciembre de 2017, también ratificaba el expediente de contratación para realizar, por 2,3 millones de euros, el estudio de cápsulas de almacenamiento a gestionar en el cementerio nuclear.

Son los últimos contratos que, relacionados con el ATC, Enresa va a adjudicar. Antes, las adjudicaciones fueron recurrentes. Sobre todo entre 2012 y febrero 2015, cuando el Gobierno forzaba la dimisión de Francisco Gil-Ortega -hombre de confianza de Cospedal- para evitar males mayores. Se había empecinado en aprobar la construcción del edificio principal del almacén, por casi 300 millones de euros, sin contar con el beneplácito del Consejo de Seguridad Nuclear.

Primeros contratos en el ATC para Iberinco  

Hasta ese momento, desde junio de 2012 hasta que Gil-Ortega presentaba su dimisión, el  11 de febrero de 2015, Enresa adjudicó numerosos contratos. Entre ellos, varios a la empresa Iberdrola Ingeniería y Construcción (Iberinco) –por sí sola o unida mediante UTE con otras sociedades–, por 34 millones de euros.

En Iberinco figuraba como consejero Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, nombrado para este cargo en mayo de 2012, coincidiendo con el nombramiento de Gil-Ortega para la presidencia de Enresa. En 2017, Iberdrola, tras varios casos de corrupción en el exterior, optaba por absorber esta filial y destituir a toda la cúpula directiva, pero mantenía la estructura del consejo, renovando en su cargo a López del Hierro.

Misma dinámica contractual al llegar Zaballa 

Tras ser relevado Gil-Ortega, su sustituto, Juan José Zaballa, proseguía con la misma dinámica. No adjudicaba el contrato principal del cementerio nuclear, pero sí otros, tirando del procedimiento abreviado y urgente. Una vía que se antojaba difícil de entender cuando no se sabía, ni se sabe, si el almacén se va a construir o no.

Así, en los primeros meses de Zaballa al frente de Enresa, la empresa pública adjudicaba 4 contratos relacionados con el ATC de Villar de Cañas. La seguridad y vigilancia del emplazamiento a Segurisa, por 1,7 millones  de euros; el mobiliario para el laboratorio del almacén a Romero Muebles de Laboratorio, por 40.000 euros; uno relativo al programa de vigilancia radiológica, por casi 80.000 euros. Y otro, por 26,3 millones a la sociedad pública Equipos Nucleares (ENSA) para suministrar 10 contenedores de doble uso.

Parón licitador antes de las generales de diciembre de 2015

Tras un periodo de paralización, provocado por las elecciones del 20 de diciembre de 2015, Zaballa retomaba, a principios de 2016, las adjudicaciones relativas al cementerio nuclear. Uno, por casi 50.000 euros, para que la empresa Intopcar lleve a cabo el servicio de monitorización de la red topográfica de precisión del emplazamiento del ATC. Otro, por casi 47.000 euros, por el que Suministros Garrido aporte bombas de muestreo de aire para el Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental.

Y un tercero, de casi 22.000 euros, para que la UTE formada por las empresas Vigilancia Medioambiental y Proyectos y Explotaciones Vicor redactase un estudio para cumplir con la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

También otorgaba Enresa a las empresas Eptisa, AGS y Sondeos Peñarroya, por 350.000 euros, un contrato complementario al adjudicado en octubre de 2015, por algo más de un millón de euros, para llevar a cabo nuevos sondeos sobre los terrenos escogidos para levantar el silo nuclear.