Los pequeños accionistas del Banco Popular siguen en pie de guerra tras la cáida del banco y posterior venta al Santander. Al margen de las reclamaciones judiciales y ante las instituciones europeas, son muchos los que buscan el amparo del Defensor del Pueblo. Una institución que ha recibido varias solicitudes de información y quejas por lo acontecido y que, ahora, comienza a responder.

En una de esas misivas, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el organismo explica que ha pedido explicaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Ministerio de Economía. Preguntas a las que ha obtenido respuestas que le han permitido concluir que “el control preventivo ha resultado ineficaz para garantizar la transparencia y los derechos de los inversores, puesto que no se han detectado los  problemas que han llevado a la resolución del Banco Popular”.

El papel de la CNMV

A juicio de la institución el Popular “daba una imagen de solvencia y solidez que generaba confianza en los inversores”. Sin embargo, considera que la “falta de información” ha originado indefensión a los accionistas minoristas y a los titulares de deuda subordinada. Por ello propone al Santander que trate de buscar “un sistema extrajudicial para resolver el problema”. Algo que ha trasladado al ministerio de Economía sin que, por ahora, se haya obtenido una respuesta.

Entre las instituciones consultadas está la CNMV quien asegura en su respuesta que -en los últimos años- se ha desarrollado una labor de supervisión “muy intensa antes y después de la resolución”. De hecho, pone como período de “especial atención” a los años 2016 y 2017.

La fecha de 2016 no es baladí, dado que es cuando el Popular puso encima de la mesa la última ampliación de capital de 2.500 millones de euros. Sobre todo, porque el organismo que lidera Sebastián Albella reconoce que “la aprobación del folleto es un acto expreso de la CNMV y concluye que es completo, comprensible y contiene información coherente”.

Añade que “en ningún caso, la aprobación implica un juicio sobre la calidad del emisor” ni “corresponde a la CNMV verificar la veracidad de la información que se ofrece a los inversores” en el folleto de la ampliación de capital. Un papel que debe recaer en los auditores de las compañías. 

El Defensor del Pueblo también ha remitido preguntas al Banco de España acerca de la aprobación de la venta de Popular al Santander. Según dice el regulador “dio su conformidad” a la compra de una participación significativa del ‘Popu’ por parte del ‘Santander’, pero que el grueso de la operación estuvo en manos de la Junta Única de Resolución que es la competente en esta materia.