La ley que pretende obligar a los inversores en Cataluña a ceder sus viviendas para alquiler social cuando lleven okupadas seis meses llega este miércoles al Parlament. Y será votada con un texto aún más duro que el que se aprobó el pasado diciembre, puesto que ya ni siquiera la judicialización del desahucio de los ocupas servirá para evitar ese alquiler.

Es la segunda vez que la Generalitat trata de sacar adelante una legislación que el sector inmobiliario y financiero ha denunciado por ser una intrusión en el derecho a la propiedad privada.

Pero todo indica que esta vez se aprobará. Ya el pasado enero el Parlament dio luz verde a un decreto de un párrafo, el 01/2020, que modifica la anterior ley catalana de vivienda vacía con el objetivo de endurecer la aplicación de esta nueva normativa.

Si antes la expropiación forzosa temporal de una vivienda vacía podía ser frenada en el caso de que los inversores hubieran denunciado ante un juez la okupación de sus inmuebles, ahora los tribunales no servirán para evitar esa cesión a la Generalitat de las viviendas para que vivan los okupas.

La nueva normativa no solo afectará a bancos y fondos de inversión con decenas de viviendas, sino que obligará a todos los tenedores de más de 15 viviendas a ceder sus propiedades para los okupas cuando estén vacías sin causa justificada.

El polémico decreto fue aprobado el pasado diciembre por la Generalitat ante el estupor del sector inmobiliario, que teme que se convalide y convierta a Cataluña en un "laboratorio de pruebas" para testar una legislación que cuestiona la vivienda en propiedad al exigir al propietario ceder su inmueble para un uso social.

La medida ha sido auspiciada por el consejero de Territori de la Generalitat, Damiá Calvet, que considera que en Cataluña hay una "emergencia social" en materia de vivienda.

Entre otros objetivos, el decreto que podría convalidarse este miércoles, pese a la oposición de C's, PP y PSC, pretende aumentar la vivienda protegida en alquiler y moderar los precios de los alquileres en Barcelona, la ciudad de Cataluña en la que estos son más caros.

Sin contar los expertos

La normativa saldrá adelante con la oposición del Colegio de Administradores de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) y la Comisión de Normativa del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), que celebraron el martes una jornada para analizar este Decreto Ley.

Con la presencia de más de 300 personas del sector, los profesionales lamentaron que se haya retrocedido en la lucha contra la okupación ilegal de viviendas de particulares.

En primer lugar, porque entienden "que es trasladar una obligación de los poderes públicos a la propiedad privada". En segundo, porque "se define una casa vacía durante más de dos años para que tengas esta obligación del alquiler social si está okupada".

"Por eso hablamos de regresión, porque creemos que estamos habilitando esta okupación", explica a EL ESPAÑOL la diputada de la Junta de Gobierno del ICAB, Cristina Vallejo.

De hecho, para Vallejo "hay una colisión de derechos constitucionales". El problema reside en que "en la balanza entre el derecho a una vivienda digna y el derecho a la propiedad está ganando la primera porque en la mesa solo están las personas que reclaman esa vivienda digna". "Tienen derecho, nadie lo niega, pero se la tienen que dar los poderes públicos", reconoce la responsable del ICAB.

Tanto el Colegio de Administradores de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) como el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) reclaman formar parte de las mesas de negociación en las futuras proposiciones de ley. "No puede ser este desequilibrio de derechos", concluye la diputada.

Los grandes fondos internacionales ya han advertido que si se aprueba este decreto, reducirán sus inversiones en Cataluña en un momento en el que el sector inmobiliario podría estar tocando techo en esa región.