El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias puso el primer ladrillo de su gestión política en el último Consejo de Ministros. En él, se dio el visto bueno a una senda de estabilidad destinada a generar más gasto y a incrementar el déficit con el objetivo de poder elaborar unos Presupuestos expansivos e incluir medidas sociales, y todo ello a pesar de una reducción de las previsiones de crecimiento.

Sin embargo, estas Cuentas, y el incremento de los ingresos que con ellas también se prometen, dependen, de nuevo, de ERC y de un Oriol Junqueras que exigirá compensaciones para Cataluña.

Ahora bien, para llegar a este punto el Gobierno ha tenido que admitir que la desaceleración económica ha echado por tierra las previsiones que había diseñado cuidadosamente Nadia Calviño. En el nuevo cuadro macroeconómico que la vicepresidenta ha dado a conocer, la previsión de crecimiento del PIB se queda en el 1,6% para 2020, una rebaja de dos décimas respecto a los pronósticos previos.

El impacto de la inestabilidad internacional (que es la causa de la rebaja de las previsiones, según Calviño) continuará en 2021, para cuando el crecimiento esperado del PIB se quedará en el 1,5%, mientras que la previsión era del 1,7%.

Más gasto

Esta corrección de las previsiones que prueba el impacto de la desaceleración de la economía (que, todo hay que decirlo, hace tiempo es admitida por el Ejecutivo) coincide con el anuncio del Gobierno de aumentar el techo de gasto.

Concretamente, el Ejecutivo ha decidido subirlo a unos 127.609 millones de euros, un 3,8% más que en el presupuesto prorrogado de 2019. Con todo, es una cantidad inferior que la que diseñó el Gobierno para el proyecto presupuestario que no prosperó el año pasado.

Sin embargo, para dotar de una capacidad todavía mayor de movimiento económico a las Administraciones Públicas, Moncloa ha decidido flexibilizar más de lo esperado su capacidad de déficit.

Para el presente año, será del 1,8% del PIB, lo cual supone siete décimas más que el objetivo vigente (que es el que en su momento diseñara el equipo de Mariano Rajoy). Mientras, el techo de déficit público para 2021 será del 1,5% de PIB, el de 2022 será del 1,2% y el de 2023 del 0,9%. Con todo, cabe recordar que esta senda tiene que recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados y el Senado. 

Reforma fiscal

Todas estas medidas están destinadas a poder cubrir las medidas sociales que el Gobierno progresista de PSOE y Unidas Podemos quieren introducir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, con ellas no basta. Será necesario generar ingresos adicionales ya en el presente 2020.

El acuerdo de coalición recoge algunas de ellas, como la ambiciosa reforma fiscal que recogerán los Presupuestos. Sin embargo, además de que estas medidas generarían una recaudación mucho menor que la esperada por el Gobierno según entes y expertos, los tiempos de aprobación del proyecto presupuestario las limitan todavía más.

La propia María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha aclarado que la reforma fiscal no se activará de manera retroactiva y, por tanto, los ingresos de las medidas que contiene no se comenzarán a generar hasta el verano o después de él, que es para cuando se pronostica tener los Presupuestos.

De ahí que plantee llevar al Congreso cuanto antes los nuevos impuestos proyectados como las tasas Tobin y Google, que se han de aprobar como proyectos legislativos de forma separada al presupuestario.

Clave política

El problema para Sánchez además viene con la clave política. Oriol Junqueras y su situación carcelaria enredan la madeja. La ministra Montero reconocía este martes que sin el apoyo asegurado de ERC, el Ejecutivo ni siquiera presentará las Cuentas al Congreso.

De modo que la mesa de negociación entre la Generalitat de Cataluña y Moncloa se convierte en el verdadero foro del que pende la economía: si no se avanza en las exigencias de los independentistas -financiacion, autodeterminación y como medida urgente, la salida de los presos-, ERC no dará el sí a los tan necesarios Presupuestos.

Y más teniendo en cuenta que Quim Torra puede llamar a elecciones en la región catalana en cualquier momento... Comicios a los que quiere ir Junqueras como cabeza de lista, una vez que la reforma del Código Penal ya le haya liberado de su inhabilitación y sus 13 años de cárcel.

Ante estos condicionantes, la oposición pone el grito en el cielo. "Parece mentira que la anormalidad institucional se presente hoy en día como la base y el fundamento de la acción política de Sánchez. Su continuidad depende de poner en juego la continuidad de España", denuncia Mario Garcés, portavoz económico del PP en el Congreso. 

"Que la estabilidad económica y la política presupuestaria estén condicionadas por las negociaciones de una mesa inconstitucional auspiciada por Sánchez es un error irreparable. Además, parece también evidente que la Generalitat, además de competencias, obtendrá mayores recursos presupuestarios, de modo que el mayor déficit aprobado hoy se destinará a pagar la deuda política adquirida y a agravar las desigualdades entre territorios", alerta el 'popular'.