El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes Generales de nuevo el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, con una tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia para su aprobación antes de que finalice 2024, en el que se destina "mayoritariamente" las ayudas a productoras independientes, entre otras medidas, según ha informado el Ministerio de Cultura y Deporte.

Tal y como ha explicado el departamento de Ernest Urtasun, el Gobierno ha aprobado el mismo texto validado en diciembre de 2022 con Iceta al frente de Cultura, que decayó como Proyecto de Ley al disolverse el Congreso y el Senado por la convocatoria de elecciones de generales.

De esta manera, el texto será remitido a las Cortes Generales para su tramitación por la vía de urgencia y aprobación antes de que finalice 2024, cumpliendo así con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de fondos europeos. Durante el trámite parlamentario, el texto legislativo está abierto a las enmiendas que puedan presentar los diputados y grupos parlamentarios.

Desde Cultura se ha indicado que el principal de sus objetivos es el de "fortalecer toda la cadena de valor del tejido creativo e industrial", con especial atención a los sectores independientes. Asimismo, trata de dar respaldo a los autores y al "pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual", además de "garantizar la defensa de la competencia" en el mercado audiovisual y la transparencia de la información sobre asistencia y visionados de las obras audiovisuales, entre otros.

Al mantener el texto del anterior Proyecto de Ley, se conserva la definición de productora independiente "reclamada por el sector", haciendo hincapié en que la dotación de las convocatorias de ayudas se destinará "mayoritariamente" a productoras independientes, y no a las obligaciones recogidas en la Ley de Comunicación Audiovisual -que generó las críticas de varios agentes-.

De forma general, el texto subraya la necesidad de ayudas públicas "capaces de impulsar todos los aspectos del audiovisual". En el título de la ley se ha incorporado el concepto de 'cultura audiovisual' junto al de 'cine', al entender que la actividad cinematográfica y la actividad audiovisual constituyen una unidad que integra las especificidades de los distintos medios de explotación y difusión de las obras audiovisuales.

También, como novedad, la Ley considera que el Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual reservará siempre un porcentaje "significativo" de su dotación exclusivo para la actividad cinematográfica, aunque incluya otras formas audiovisuales, como series.

El proyecto de Ley presta especial atención a la igualdad real entre hombres y mujeres, a través de reservas específicas en las dotaciones de las distintas líneas de ayudas. Por ejemplo, la reserva del 35% de la dotación de ayudas a producción reservada a mujeres a través de las órdenes de ayudas, pasa ahora a ser una obligación recogida en la Ley que deberán cumplir todas las ayudas a producción.

Adicionalmente, se incluye que el ICAA a través de la Filmoteca Española, adoptará iniciativas destinadas a "visibilizar" la producción y el papel de las mujeres en el patrimonio cinematográfico y audiovisual español.

También se mantiene la cuota de pantalla (el porcentaje que los exhibidores han de reservar a cine nacional y europeo): pasa de un 25% a un 20%, e incluye cine latinoamericano y cine dirigido por mujeres.

Será requisito para acceder a las ayudas de largometrajes y distribución la incorporación de sistemas de accesibilidad. Las empresas que aspiren a ser beneficiarias de ayudas públicas deberán cumplir con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, en el caso de que les sea aplicable.

También se incluye la obligación de cumplir con las condiciones de accesibilidad universal en la exhibición cinematográfica, al tiempo que plantea una mejora en la Filmoteca Española en la accesibilidad para la difusión de las obras cinematográficas.

La Filmoteca, BIC

La Filmoteca Española se califica como Bien de Interés Cultural (BIC). Además de contemplar la creación de ayudas específicas para la conservación del patrimonio audiovisual, determina que los beneficiarios de ayudas públicas deberán entregar a Filmoteca Española los materiales necesarios para la mejor conservación del patrimonio.

Asimismo, se recoge la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura audiovisual, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley. "Se trata de una herramienta para el diálogo, la comunicación y la cooperación en el ámbito de la cinematografía y la cultura audiovisual", indican desde el Ministerio de Cultura y Deporte.

Compuesto por representantes de asociaciones y organizaciones de los sectores, de la administración estatal, autonómica y local, y vocales de reconocido prestigio, abordará cuestiones de políticas públicas, alfabetización audiovisual o patrimonio, entre otras. Entre sus funciones, se añaden en este proyecto de Ley las de impulsar mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje para la propuesta de acuerdos y solución de controversias, entre otras.

Mayor control a las plataformas

Por otro lado, se incluye la declaración por parte de las prestadoras del servicio de comunicación audiovisual (plataformas) de los datos de visionado de obras audiovisuales, al igual que hacen las salas de exhibición.

El Proyecto de Ley concreta que la posterior regulación reglamentaria del sistema será la que determine los ámbitos temporal, geográfico y de volumen de negocio para aportar los datos de visionados, y que se llevará a cabo a través de una comisión en la que participará, junto con el ICAA, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Por su parte, las principales asociaciones del sector audiovisual consideran que la Ley del Cine aprobada hoy en el Consejo de Ministros está bien, porque ha sido muy consensuada, pero nace obsoleta por los continuos nuevos desafíos, como la Inteligencia Artificial, por lo que confían en que mejore tras su paso por el Parlamento.

Los máximos responsables del sector han apuntado a EFE su preocupación por el hecho de que la financiación de la ley se haga a través del Fondo de la Cinematografía, ahora que se amplía a todo el sector audiovisual. Y también por el riesgo de que las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios puedan dar al traste con todo el trabajo hecho.