Ángeles González Sinde. Foto: EFE

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy las medidas con las que pretende acabar con la piratería en internet y que prevén que el cierre o bloqueo de una página web que infrinja la legalidad se produzca siempre por orden judicial, según ha informado la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.

La propuesta aprobada por el Gobierno y que pasa por diversos órganos consultivos del estado antes de su remisión a las Cortes en febrero es "muy equilibrada" y "da la última palabra a los jueces, que deberán de decidirá rápidamente".

Entre las medidas aprobadas figura la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, que será el órgano que reciba las denuncias de afectados por la piratería.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional será la encargada de decidir si se cierra una página web que infrinja los derechos de propiedad intelectual, según ha informado hoy el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, remitido hoy por el Consejo de Ministros a diversos órganos consultivos antes de su llegada al Parlamento, contempla que sólo un juez puede determinar el bloqueo de una página web.

Caamaño ha explicado que será la Audiencia Nacional la competente en esta materia porque en estos casos de propiedad intelectual es "muy difícil" ubicar en qué lugar se encuentra la página o el emisor que infringen los derechos.

El juez deberá decidir, mediante un proceso "ágil, eficaz y con las máximas garantías" y en un plazo máximo de cuatro días, si ordena el cierre preventivo o bloqueo de una página web, ha añadido el ministro.

La Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo de nueva creación dependiente del Ministerio de Cultura, será la encargada de investigar si se producen actos lesivos.

En primer lugar, ese órgano se dirigirá al titular de la página web que infringe los derechos de propiedad intelectual para instarle a que los retire.

Si ese titular no responde a la petición de la Comisión, entonces ésta lo pondrá en conocimiento de la Justicia para que se autorice el cierre de la página.

Una vez que el juez de la Audiencia Nacional reciba el informe de la Comisión de Propiedad Intelectual, tendrá un plazo máximo de cuatro días para convocar a las partes implicadas y decidir si adopta alguna medida de cierre o bloqueo de páginas de internet.

Para que este procedimiento sea posible, no basta con la legislación incluida en la Ley de Economía Sostenible, también será necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 122 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Caamaño ha afirmado que la "pieza clave" de la "autorización judicial previa" armonizará varios derechos que podrían estar en conflicto, el de la propiedad intelectual y los de información y libertad de expresión.

El Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado tendrán que emitir en las próximas semanas informes no vinculantes sobre el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, en el que se incluyen las medidas antipiratería.