Jura de Juan Carlos I en el Congreso el 22/11/1975. Foto: Archivo

A pesar de su antigöedad -casi 1.600 años desde el primer rey visigodo, Ataulfo- la Corona es una de nuestras instituciones peor conocidas, lo que justifica el interés de José Antonio Escudero, el más importante de los historiadores del Derecho en España, por estudiarla a fondo con todos sus matices. Su extensa obra historiográfica se ha centrado esencialmente en dos ámbitos: la alta administración en la España Moderna y la historia de la Inquisición. En ambos ha publicado títulos fundamentales, por lo que nadie como él podía abordar con éxito el estudio de una institución de tan largo recorrido que, salvo en cortos periodos, ha estado presente de forma continuada, "vertebrando la vida política española".

Lógicamente, en su milenio y medio largo de existencia, la institución real ha sufrido cambios profundos. La monarquía electiva originaria se transformó en hereditaria, al tiempo que se consolidaba institucionalmente. Las diversas monarquías medievales experimentaron un proceso de integración, hasta llegar a un único rey sobre todo el territorio español. Diversas dinastías se fueron sucediendo en la titularidad del trono. Del primus inter pares, inspirado en las teorías pactistas, se pasó al monarca absoluto, en un lento y complejo proceso que se inicia en la Edad Media y culmina en el siglo XVIII. En el siglo XIX -y no sin resistencias, tensiones y retrocesos- comenzaría la monarquía constitucional, como la que actualmente ocupa en España la Jefatura del Estado. En este dilatado proceso histórico ha habido aspiraciones y realidades imperiales, destronamientos, abdicaciones, minorías de edad y regencias, así como otra serie de circunstancias y situaciones. Con los primeros Trastámaras surgió el principado de Asturias, creado para consolidar institucional y económicamente al heredero del trono, una figura que, junto a la de la reina, completa con el rey el triángulo básico de la realeza.

El estudio de la monarquía como institución, centrado por tanto en sus aspectos formales o jurídicos, afecta esencialmente a dos ámbitos distintos: las bases y naturaleza del poder real, y la práctica del mismo en la cúspide política y jerárquica del reino. Ya desde Recaredo, la monarquía hispana se adhirió al catolicismo, que se convertiría no solo en una de sus constantes históricas, sino también en una de las dos bases principales de su poder. Con distintas formulaciones y matices, Dios habría de ser el creador de los reyes en virtud de su gracia, dando lugar al Rex gratia Dei que se mantiene hasta las formulaciones más democráticas surgidas del constitucionalismo. La otra base esencial del poder de los reyes sería -también desde tiempos tempranos- la legitimidad dinástica, hasta el punto de que la única forma de alterar la sucesión era negar dicha legitimidad, como se hizo con Juana, la hija de Enrique IV, o a través de una revolución que contara con apoyos suficientes y fuera capaz de crear una propia legitimación dinástica (caso de los Avís en Portugal o los Trastámaras en Castilla).

En cuanto a la naturaleza del poder del rey, la gran innovación, en el camino hacia el absolutismo, habría de ser a partir del siglo XIII "la supremacía del poder real sobre los demás poderes temporales e, incluso, su independencia del poder pontificio". Un poder perpetuo, no delegado, indivisible, inalienable y no prescriptible, cuyo atributo primordial es el de hacer las leyes, tanto colectivas como individuales, y también, como consecuencia de ello, declarar la guerra y la paz, nombrar magistrados, actuar como ultima instancia judicial, acuñar monedas, imponer tributos... Un poder en teoría formidable, solo responsable ante Dios y limitado únicamente por la propia conciencia del monarca -un límite más real y eficaz de cuanto podamos suponer- y la capacidad del soberano para imponer de forma efectiva sus decisiones frente a otros poderes.

Obviamente, el constitucionalismo contemporáneo ha acabado con tan desmesurados poderes. Sin embargo, conviene tenerlos en cuenta al acercarnos al segundo ámbito fundamental del estudio de la monarquía como institución: el de la práctica del poder, al que el libro dedica un amplio espacio en el que destacan los análisis del propio Escudero sobre el gobierno del rey en la Edad Moderna, desde el que realiza ayudado por consejos y secretarios, hasta la aparición, ya en el siglo XVIII, de los secretarios de Estado y del Despacho. Otros autores se ocupan de aspectos como el gobierno de los territorios en representación del monarca, la gracia y merced y la concesión de títulos nobiliarios, el papel del rey como cabeza de los ejércitos, su intervención en la política internacional, su relación con la religión y la Iglesia, su presencia en el mundo de la cultura, y otra serie de cuestiones.

Nos hallamos, en definitiva, ante una obra que afronta un tema ineludible, cuya importancia contrastaba sorprendentemente, hasta ahora, con la falta de un estudio sobre su índole y sus múltiples facetas y vertientes. A instancias del recientemente fallecido Rafael del Pino, Escudero y sus numerosos colaboradores -historiadores del Derecho e historiadores, algunos de ellos, de gran relevancia- han tratado con acierto de superar esta carencia, lo que realza la oportunidad del libro y le convierte en un instrumento imprescindible para quien quiera acercarse a la historia de las instituciones españolas.