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"Esta es una obra académica, escrita por personas de la academia que confrontan prácticas y teorías para describir realidades de la manera más compleja posible", confiesa Manuel E. Salamanca, profesor de Teoría y Análisis de conflictos en la Universidad Javeriana de Bogotá, en el primero de los cinco capítulos reunidos en este libro para explicar el conflicto armado que padece Colombia. Salamanca y los otros cuatro autores de la obra -la doctora en economía Mónica Prieto, el profesor de derecho internacional Felipe Gómez Isa, el médico especializado en derechos humanos Víctor de Currea-Lugo y el politólogo e investigador en derechos humanos Gorka Urrutia-, todos ellos vinculados de alguna manera al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de Deusto, no se han limitado a describir el origen, las causas, la evolución y las consecuencias del conflicto, sino que, partiendo de su enorme complejidad, lo han investigado, cada uno desde su especialidad, a la luz de la teoría de la investigación para la paz y el análisis de conflictos.

Como si de una partida de ajedrez se tratara, Salamanca presenta a los actores, sus raíces, sus capacidades, sus motivaciones, las sucesivas negociaciones fallidas desde 1982, el fenómeno de los paramilitares y el limbo en el que han quedado los criminales desmovilizados tras la sentencia de la Corte Suprema de 2007 contra la impunidad recibida del Gobierno Uribe. "El obstáculo más importante al que se enfrenta el actual proceso de desmovilización es el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares, con un ingente poder económico, político y social en vastas regiones de Colombia", señala Gómez Isa en el tercer capítulo de la obra (p.143).

Con el bagaje de la dirección de una obra tan importante sobre la justicia en conflictos internacionales como El derecho a la memoria, publicada hace dos años, Gómez Isa considera crucial la publicidad de la información, pero advierte que la reconstrucción de la memoria debe buscarse "en el espacio público de la historia colectiva y no como la fabricación del pasado por el poder a su imagen y semejanza" (p. 111). Tras medio siglo de violencia política, distorsionada trágicamente al legitimar a una de las partes como guerrilla, tremendo error, se han modificado radicalmente la relación de fuerzas, la estrategia de cada actor y la naturaleza del conflicto. Para algunos autores, el origen se sitúa en las luchas partidistas del siglo XIX. Para otros, en la conquista de los españoles. Para la mayoría, entre los que se encuentran los autores de Colombia en su laberinto (…), en la violencia de los 50, de la que surgen los grupos guerrilleros, converti-dos con el tiempo en narco-terroristas: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL).

"Se puede afirmar que la industria petrolera se ha convertido en un blanco militar y en una fuente más de financiación de la guerra", concluye Goded en el segundo capítulo, dedicado a los costes económicos y sociales del conflicto. "Lamentablemente, las empresas petroleras no sólo no han desempeñado un papel decisivo en la corrección de las graves desigualdades y en el alivio de la situación de pobreza en que vive buena parte de la población colombiana, sino que tampoco han promovido la búsqueda de soluciones" (p.72-73). Recuerda Goded, citando al Banco Mundial, que si Colombia hubiera logrado la paz hace veinte años, el ingreso de cada colombiano sería hoy un 50% más alto y dos millones y medio de niños habrían salido de la pobreza.

De Currea-Lugo, en el cuarto capítulo, el único que merecería una edición más rigurosa para corregir errores formales, analiza las incontables violaciones de los derechos humanos por todos los actores del conflicto y la distorsión flagrante del derecho humanitario colombiano e internacional. El bloqueo oficial de la búsqueda de información sobre desapariciones, violaciones, asesinatos y secuestros, las dificultades para denunciar, la manipulación sistemática de las denuncias, la falta de respuesta, la conversión de las victimas en culpables, el asesinato de investigadores y denunciantes, el marco legal restrictivo, la ocultación y destrucción de pruebas y la vergonzosa facilidad con que, cuando conviene, los casos pasan de la justicia civil a la militar hacen muy difícil, si no imposible, avanzar hacia la reconciliación y la paz.