Un amigo mío vive en frente del Palacio de Navarra, sede del Gobierno de la Comunidad Foral. Ir a su casa es un infierno tecnológico. Su WiFi se desconecta cada cierto rato y ver una película por streaming es un drama que te transporta a 1999. Hay quien cree que tiene tecnogremlins en su casa que se dedican a marear a los aparatos tecnológicos, pero la razón es bastante más sencilla: los inhibidores de frecuencia del edificio que tiene delante.

Los inhibidores son dispositivos electrónicos que bloquean determinadas frecuencias generando «ruido blanco», saturándolas, llenándolas de información inválida e impidiendo que las comunicaciones reales lleguen a su destino. En esencia, lo que hacen es emitir una señal más potente, que impida que se oiga cualquier otra dentro de su radio de acción.

El uso de inhibidores de frecuencia, terminantemente prohibido

Estos dispositivos pueden tener varios tamaños dependiendo del alcance y de las frecuencias que bloqueen. Existen inhibidores para las distintas frecuencias: GSM, CDMA (telefonía móvil) 3G, 4G, WiFi, Bluetooth o GPS. Algunos se limitan sólo a una de estas bandas y otras son capaces de provocar un apagón en varias de ellas. Existen de un tamaño de bolsillo con un alcance de unos metros a otros más grandes que pueden alcanzar un kilómetro.

Su uso está limitado a las autoridades, que pueden utilizarlo para defender edificios o vehículos, impidiendo la detonación de explosivos a distancia. Cualquier otro uso en España está prohibido,  y la Ley General de Telecomunicaciones prevé sanciones que van desde los 500.000€ en infracciones graves hasta los 20 millones de euros en caso de ser muy grave. Por ejemplo, en 2015 se sancionó a un conductor con 6.200€ por llevar un inhibidor y un detector de radares. Se trata de una directiva Europea similar a la ley de EEUU. Su venta también es ilegal.

Algunas universidades instalaron inhibidores para evitar que algunos estudiantes recurrieran a los pinganillos para tener ayuda externa durante los exámenes. Sin embargo, como explican en algunas páginas webs dedicadas a estudiar lo mínimo posible, bloquear todas las frecuencias es complicado y requiere un equipamiento caro. En el caso de un smartphone, habría que bloquear GSM, 3G, 4G, WiFi y Bluetooth para dejarlo sin posibilidad de contacto con el exterior.

Es imposible controlar su radio de acción con precisión

Además, existe otro problema, y es que controlar el radio de acción tampoco es fácil, por lo que su uso podría afectar a personas que no estuviesen en el aula, por lo que muchas de las facultades que las habían instalado, como las de Sevilla, Valencia y Zaragoza, se vieron obligadas a retirarlos. Además, su uso tampoco garantizaba que los alumnos no pudieran usar los pinganillos, ya que bastaba con dar con una banda que el inhibidor no cubriera para poder contactar con el exterior.

Otra razón por la que su venta fue prohibida fue por su capacidad para interferir con las alarmas en robos a domicilios. Las alarmas conectadas a través de red móvil son más baratas y fáciles de instalar, por lo que tienen una gran popularidad. Sin embargo, estos dispositivos podían ser usados por los cacos para evitar que la señal llegase a la central.

Con todo, las empresas de seguridad no son tontas, y se recomendaba la instalación de alarmas con cable (que de todos modos puede ser cortado) o el uso de frecuencias ultraestrechas que son muy difíciles de bloquear.

Fáciles de encontrar a un golpe de Google

Su venta está prohibida, como indica el Ministerio de Industria en su web: «todo tipo de inhibidores que interfieren, dificultan o entorpecen las comunicaciones, no pueden ser importados, puestos a la venta». Una búsqueda en Google basta por encontrar múltiples páginas que ofrecen estos dispositivos por un precio que va desde los 25€ hasta casi 7.000€, y no hace falta precisamente entrar en la Deep Web.

En muchas ocasiones hemos hablado de que con cada tecnología aparecen formas de hacer un mal uso de ellas, y así ha sido en el caso de los inhibidores de frecuencias. Sin embargo, a pesar de que pueden tener una serie de usos legítimos, en este caso parece que los malos usos los han superado con creces, pudiendo poner en peligro en algunos casos la seguridad de las personas.