En las últimas horas las noticias sobre la decisión del gobierno de usar la localización de los móviles de todos los españoles para controlar la expansión del CoVID-19 han ido en aumento.
Son muchos los comentaros que están apuntando hacia un uso peligroso de esta tecnología, que incluso podría vulnerar nuestro derecho a la privacidad. Te contamos las claves de esta decisión, lo que podrá saber el gobierno y también lo que no.
Los datos llegan de antenas, no de los móviles
Lo primero que tenemos que dejar claro es que el gobierno no tendrá acceso a nuestros móviles. Serán las operadoras las que puedan dar información nuestra al estado. Esta información será la extraída desde las antenas, lo que implica una localización no especialmente precisa pero que es capaz de distinguir si nos cambiamos o no de sitio.
La intención del gobierno es saber si se producen flujos de movimiento de una zona de la ciudad a otra, o de una zona de interior a una de playa, algo que está prohibido en la situación actual.
Eso es algo que ya se hizo en noviembre para un estudio por parte del INE (Instituto Nacional de Estadística).
La información será grupal, no individual
Esta información no se dará con identificadores, nombres o números de teléfono vinculados a direcciones, sino de forma agregada, es decir, en conjunto. Esto permitirá al gobierno saber si hay flujos importantes pero no qué personas están dentro de los mismos. Así pues, es muy diferente de lo que se ve en otros países, con control pormenorizado.
De hecho, las operadoras ya pueden vender estos datos, siempre que no sea de forma individualizada y segmentada.
Las aplicaciones de las comunidades no rastrean
Algunas Comunidades Autónomas han lanzado aplicaciones para hacer que las llamadas a los servicios de emergencia no sean tan necesarias. Estas aplicaciones piden a veces que activemos el permiso de localización, pero es sólo para dilucidar si estamos o no en la comunidad a la que la app presta servicio.
Por su parte, la Unión Europea también está avanzado en este sentido, aunque sin acuerdo aún entre los estados para tomar una decisión conjunta.