La lucha contra las IPTV piratas para ver el fútbol se está recrudeciendo en Europa. Después de la rápida implementación de una polémica ley en Italia, otros países se están dando prisa en imitarla; en España, los propietarios de los derechos quieren tumbar IPTV piratas en sólo media hora, siguiendo los pasos de Italia.

Sin embargo, tras este aparente éxito se ocultan una serie de problemas que aún no han sido del todo resueltos, por el acelerado proceso de aprobación de la ley: fue redactada y aprobada en apenas un mes para que entrase en vigor antes del inicio de la nueva temporada de fútbol. Para empezar, uno de los aspectos más polémicos de la nueva ley aún no se ha concretado, las multas por ver IPTV pirata; en teoría, los usuarios de servicios pirata podrían ser multados con hasta 5.000 euros, pero en la práctica eso podría suponer amonestar al 25% de la población adulta en Italia, según las últimas cifras de piratería, y tal vez por eso no se están aplicando.

El bloqueo de IPTV está teniendo más éxito, aunque esté construido con unas bases algo débiles y cuya legalidad europea se ha puesto en duda. La ley especifica un plazo de 30 minutos entre que el propietario de los derechos denuncia el contenido pirata, y la operadora lo bloquea; sin embargo, este texto legal se escribió basándose en un "loco" sistema de bloqueo de IPTV que por aquel entonces no existía, y que tuvo que ser implementado a marchas forzadas mientras que la nueva temporada de fútbol ya había dado comienzo.

Bloqueo de IPTV pirata

Eso significa que, además de los usuarios de los servicios pirata, las operadoras son las grandes perdedoras de esta nueva ley, ya que se contemplan grandes multas para las que no cumplan con el plazo de 30 minutos para bloquear el contenido. Eso supone que las compañías deben contar con grandes equipos de empleados, dedicados en exclusiva a recibir notificaciones directas de las propietarias de los derechos e inmediatamente bloquear el acceso a las direcciones IP desde las conexiones de sus clientes.

Según Assoprovider, un grupo compuesto por operadoras pequeñas y medianas, ese sistema supone un coste de entre 200.000 y 300.000 euros al año; no mucho dinero para una de las grandes operadoras (especialmente si está ofreciendo legalmente los contenidos que están siendo pirateados), pero que es un duro golpe económico para cualquiera de estas pequeñas empresas, que facturan aproximadamente 500.000 euros al año. De hecho, advierten que el efecto de la nueva ley en el sector italiano de las telecomunicaciones podría ser catastrófico, con la desaparición de 2.000 empresas.

Por eso, Assoprovider se ha convertido en el mayor enemigo de la nueva ley italiana, de la que ya está poniendo en duda su legalidad en el marco europeo. Y es que en el 2015 se publicó una directiva europea que impide que los países miembros introduzcan nuevas barreras técnicas al comercio, incluyendo el ‘online’; los gobiernos que quieran implementar nuevas regulaciones están obligados a presentar los detalles técnicos a la Comisión Europea.

Aunque AGCOM, el regulador de telecomunicaciones, afirma que presentó una notificación a la Comisión Europea antes de la aprobación de la ley, también confiesa que la Comisión solicitó clarificación en ciertos problemas de la nueva regulación. Sin embargo, no existe un registro público de dicha solicitud ni de la respuesta, y AGCOM sólo afirma que respondió a la Comisión dentro del plazo.

La Assoprovider ha presentado un desafío legal ante el juzgado de Roma, con el objetivo de aclarar la legalidad de las nuevas regulaciones y su implementación; y como parte de este desafío, ha solicitado los documentos de las cuestiones presentadas por la Comisión Europea, para comprobar si cuestionó la legalidad de estas regulaciones. Por el momento, ha conseguido una victoria inicial, después de que un juzgado administrativo haya ordenado a AGCOM que presente los documentos en un plazo de 60 días.

Si se confirma que la nueva ley italiana es contraria a las observaciones realizadas por la Comisión Europea, podría estar violando las reglas establecidas por la UE, lo que podría ayudar a su revocación.

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