La persecución contra las IPTV pirata está cogiendo ritmo en España, y ya se están viendo los primeros resultados de las operaciones policiales contra la distribución de contenido sin licencia. Esta misma semana, la Policía Nacional anunció el arresto de 8 personas por su participación en un servicio que ofrecía acceso a contenido pirateado, al que se habrían apuntado más de 18.000 usuarios.
La piratería ha dejado de ser un crimen menor, y los acusados se pueden enfrentar a penas de cárcel, además de a cuantiosas multas dependiendo del grado de participación en la organización criminal; y no sería la primera vez que la distribución de contenido por IPTV termina con el responsable en prisión, como ha demostrado ahora un caso diferente.
Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la pena de un año de prisión y 15.490 euros para un hombre condenado por vender dispositivos modificados para ver partidos de fútbol de manera gratuita, según ha confirmado la agencia EFE.
Prisión por los ‘TV Box’
El condenado, Carlos B. M. fue arrestado inicialmente por la venta masiva de dispositivos ‘Smart TV Box’, pequeños aparatos que se conectan al televisor para ganar funciones avanzadas y acceso a Internet. Muchos de estos dispositivos usan Android TV como sistema operativo, por lo que pueden usar toda una variedad de apps de servicios de streaming como Netflix y Disney+; por supuesto, también pueden usar apps de IPTV, por ejemplo, para conectarse a listas IPTV legales y gratuitas.
Muchos de estos dispositivos se encuentran a la venta en todo tipo de tiendas, desde Amazon a establecimientos de informática o soporte técnico. Sin embargo, los aparatos que vendía el acusado eran diferentes en un aspecto fundamental: venían modificados de serie para conectarse a servidores IPTV ilegales y mostrar contenido con copyright sin necesidad de pagar ninguna suscripción.
En concreto, los compradores de estos aparatos sólo tenían que enchufarlos para ver directamente los partidos de fútbol, cuyos derechos eran propiedad en exclusiva de la productora Mediapro, sin tener que configurar nada; de hecho, el propio acusado promocionaba sus servicios a través de una página web y de redes sociales como Facebook de manera explícita para estos cometidos. Los correos electrónicos intercambiados entre algunos compradores fueron clave para que el tribunal haya considerado evidente la “participación directa” de Carlos B. M. en la configuración de los decodificadores para que mostrasen los partidos. En total, se estima que vendió 130 de estos dispositivos entre noviembre de 2016 y marzo de 2019.
Por lo tanto, es un caso muy parecido al de un hombre que fue arrestado por vender receptores en Irlanda del Norte, y el resultado del juicio ha sido muy parecido. Carlos B. M. fue condenado el pasado mes de junio por la Audiencia Provincial de Madrid, pero presentó un recurso que ahora ha sido denegado por el TSJM, que ha ratificado la pena de un año de prisión, más 13.300 euros de indemnización a la productora Mediapro, y 2.190 euros de multa.