Llegan las multas de 500 euros por usar IPTV: la guerra contra el fútbol pirata se endurece antes de la Eurocopa

La lucha contra las IPTV piratas se ha recrudecido en los últimos meses, con condenas por vender aparatos IPTV modificados para ver fútbol sin pagar, además del cierre y bloqueo de plataformas IPTV, también en España. Hasta ahora, todas las medidas legales se han centrado en los responsables de los servicios ilegales, pero hay voces que piden ir más allá: contra los usuarios.

La veda fue abierta por el gobierno italiano, cuando el año pasado presentó el plan más ambicioso contra las IPTV piratas hasta ahora: Piracy Shield. Este sistema permite a las propietarias de los derechos cerrar páginas y servidores que estén emitiendo partidos de fútbol sin licencia, enviando órdenes a las operadoras que deben ser cumplidas en un plazo máximo de 30 minutos. Pero el detalle más polémico, sin duda alguna, fue la posibilidad de multar con hasta 5.000 euros a los usuarios, por el mero hecho de conectarse a un servicio pirata; aunque la magnitud de la cuantía dependería de la ‘reincidencia’ del usuario.

Sin embargo, en un país en el que el 25% de la población adulta consume contenido pirata, según los últimos estudios, una medida semejante tendría inevitables consecuencias políticas. Tal vez esa fue la razón por la que esta parte de la ley aún no ha sido desarrollada ni puesta en marcha; pero eso puede cambiar pronto, según ha adelantado Massimiliano Capitanio, comisario de AGCOM, el regulador de telecomunicaciones italiano.

En declaraciones recogidas por Puntoinformatico, Capitanio ha anunciado el desarrollo de Piracy Shield 2.0, una nueva versión del sistema de bloqueo que pretende responder a las críticas que ha recibido desde su implementación. Aunque Capitanio ha elogiado el sistema (creado por la liga Calcio y adoptado por AGCOM), ha confesado que “sufre el peso” de la enorme masa de datos.

La gran cantidad de peticiones de bloqueo está creando tiempos de espera “que no son sostenibles” y no cumplen con los 30 minutos máximos que obliga la ley. Esa fue precisamente la queja que hicieron las operadoras antes de la puesta en marcha de Piracy Shield, que están obligadas a dedicar a sus empleados a responder a las peticiones de la Calcio y los canales de televisión y streaming que poseen los derechos del fútbol.

De hecho, la propia AGCOM sabía desde hace meses que este sistema era insuficiente, y por eso, está desarrollando una alternativa. Los detalles técnicos de Piracy Shield 2.0 aún no se han revelado, pero se espera que próximamente se revelen cambios en su funcionamiento. Una posibilidad es que se incluya alguna medida contra las VPN, que permiten ocultar el tráfico y que, según el comisario “esconden una increíble red de piratería”. Tampoco descarta ir a por plataformas como Google Play, afirmando que las primeras apps que muestra “son ilegales”.

Multas por ver IPTV

Pero Capitanio ha reconocido que acabar con las plataformas no es suficiente, y ha empezado a hablar de un cambio de estrategia: ir a por los usuarios. La piratería en Italia es, afirma Capitanio, un “problema cultural”. Aunque no ha entrado en la cuestión del coste de acceso a los contenidos, desestima que ese sea un motivo de peso “porque también se descargan libros de bajo precio”. Por lo tanto, ha presentado las sanciones a los usuarios como “el paso final”, aunque ha evitado repetir las cifras que se dieron inicialmente.

De hecho, según Capitanio las multas por usar servicios IPTV piratas ahora serán de entre 150 y 500 euros, cifras que son de un orden de magnitud inferior a los 5.000 euros que se llegaron a plantear; pero eso probablemente será de poco consuelo para los que reciban las notificaciones en sus casas.

Por el momento, no se han dado detalles de cómo funcionará la detección de usuarios de servicios IPTV, algo que ya ha tenido polémica en España, después de que LaLiga obtuviese permiso de un juez para identificar a los usuarios de IPTV. Capitanio sí que ha adelantado la creación de un “protocolo” con AGCOM, la Guardia di Finanza del ministerio de economía, y la fiscalía.