Tradicionalmente, la lucha contra la piratería se ha centrado en las organizaciones y grupos detrás de los servicios ilegales, no en los usuarios que acceden en busca de este material. Así han nacido los bloqueos a páginas web, y los arrestos de los responsables de los servicios piratas; todas son medidas dirigidas a acabar con el contenido pirata, ya que así los usuarios tendrían que optar por los métodos legales y oficiales para disfrutar del contenido. 

Sin embargo, en los últimos meses muchos propietarios de los derechos han roto el 'tabú' de atacar a su propia audiencia, y están acusando directamente a los usuarios de participar en el entramado ilegal de los servicios pirata; algunos incluso están pidiendo consecuencias legales para estas personas, como las multas por ver IPTV.

En Suecia, quieren saltarse ese paso y arrestar directamente a los usuarios de los servicios IPTV ilegales. Esa es la polémica declaración de Rättighetsalliansen, la agencia sueca contra la piratería, que ha realizado tras confirmar el arresto y el procesamiento judicial del supuesto hombre detrás del servicio IPTV 'Ghost Farmer TV'.

Al igual que otros servicios de televisión por Internet ilegales, Ghost Farmer ofrecía acceso a una gran selección de películas y series, la mayoría obtenidas de servicios de streaming oficiales y legales. El sospechoso es acusado de administrar la página web y un servicio IPTV a través de un canal de Telegram, obteniendo ingresos a través de transferencias a su cuenta e intercambios con criptomonedas. El verdadero efecto de este arresto, y la posible condena, está por ver, ya que todo indica que el sospechoso sólo revendía un servicio ya existente y que no era el responsable de obtener y redistribuir el contenido pirata; de hecho, el servicio pirata ya habría vuelto a la normalidad, según TorrentFreak.

Tal vez por la frustración de que semejante operación policial vaya a terminar sin mayores consecuencias para los piratas, los propietarios de los derechos han cambiado de táctica, y ahora piden que se pueda arrestar también a los usuarios de estos servicios. Rättighetsalliansen ha revelado la existencia de una carta enviada al ministro de justicia sueco, Gunnar Strömmer, en el que se plantea este extremo que hasta ahora no se había considerado.

La carta, escrita por un representante del partido Social Demócrata y compartida con Rättighetsalliansen, destaca el efecto negativo de la piratería en la industria cinematográfica sueca, además de en los ingresos por impuestos; se estima que el mercado ilegal pirata tiene un valor de 550 millones de coronas suecas, 48 millones de euros.

Por todo esto, el político sugiere que los que fomentan estas prácticas también tienen la culpa, y habla específicamente de los usuarios. Aunque cree que es "algo duro", considera que "cualquiera que descarga películas ilegalmente está contribuyendo al crimen organizado".

La respuesta del ministro de justicia concede el efecto de la piratería en la economía y la industria cinematográfica, y explica algunas de las medidas tomadas al respecto, como una reciente ley que permite condenas más duras y multas mayores para los responsables de los servicios. Sin embargo, no hace mención alguna a posibles medidas contra los usuarios, y cree que las "medidas extensivas" ya tomadas deberían tener un efecto sobre el consumo de contenido pirata.

Si estas medidas fallan, no sería de extrañar que se volviese a plantear la cuestión de las consecuencias para los usuarios, ahora que ya se ha establecido como una posibilidad por un político. Las multas por ver IPTV pirata son otro ejemplo de posibles consecuencias legales para los usuarios de IPTV, aunque su implementación aún está en duda. 

En España, las multas por usar IPTV quedaron en el aire y en todo caso, sí que podrían llegar 'avisos' de los propietarios de los derechos si estos obtienen los datos de los usuarios; aunque por el momento, no hay ninguna base legal sobre la que multarlos. En Italia sí la hay, como parte de la ley que permite bloquear IPTV en 30 minutos, pero no la están usando, tal vez por miedo a las consecuencias electorales de multar a buena parte de la población adulta.