En pocas ocasiones se ha visto un giro tan notable como el que Telegram ha pegado en su política de privacidad. La plataforma, que en su día se jactaba de resistir las peticiones de los gobiernos, dio un giro de 180 grados tras el arresto de su CEO, Pavel Durov, en Francia. Y ahora, estamos empezando a notar los cambios, con la publicación de un informe de transparencia sobre la colaboración de Telegram con la justicia.

Aunque técnicamente Telegram ya contaba con términos que prohíben el uso criminal e ilegal de la app, en la práctica era más una advertencia que otra cosa; fue criticada por colaborar sólo en los casos más graves, como los de terrorismo; con los nuevos términos de servicio, actualizados en septiembre, la cosa es diferente, y la compañía colabora con la justicia para arrestar a presuntos criminales que usan su plataforma para todo tipo de potenciales delitos. 

A partir de ahora, Telegram puede compartir con la policía datos de usuarios, como la dirección IP y el número de teléfono, que pueden servir para identificarles; aunque la compañía se defiende afirmando que sólo comparte datos en caso de vulneración de los mencionados términos de servicio.

Apenas unas semanas después de esta actualización, ya tenemos una idea de cómo está funcionando este sistema de identificación de los usuarios. Y es que Telegram ha publicado un informe de transparencia, en el que especifica cómo está colaborando con la justicia y cuántos usuarios se están viendo afectados. 

Sin embargo, el informe es algo difícil de encontrar, ya que en vez de publicar un documento como hacen el resto de compañías tecnológicas, Telegram ofrece esta información a través de un 'bot' accesible sólo a través de la app, como han revelado en 404Media. No sólo eso, sino que la utilidad del bot es algo cuestionable, ya que sólo muestra datos limitados relacionados con el país que busquemos. Aún así, es mejor que nada, y nos permite ver cuántos usuarios españoles se han visto afectados.

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2024, Telegram procesó 22 peticiones provenientes de España para identificar a usuarios, obteniendo su dirección IP o su número de teléfono. En total, 85 usuarios se han visto afectados y sus datos han sido compartidos con la policía.

La diferencia entre el número de peticiones y el número de usuarios afectados significa que muchas de las peticiones realizadas tienen que ver con los famosos grupos de Telegram; como los grupos de WhatsApp, esta es una manera de reunir a personas con intereses similares, pero en el caso de Telegram, se han convertido en un auténtico nido de crimen y actividades poco legales, como enlaces de descarga a contenido con copyright. Ese es el motivo por el que un juez intentó cerrar Telegram en España, aunque posteriormente diese marcha atrás por las consecuencias que iba a tener para los millones de usuarios inocentes de la app.

Hay que tener en cuenta que el informe sólo cuenta las peticiones recibidas hasta finales del pasado mes de septiembre; así que los efectos de la nueva política de Telegram aún no están reflejados completamente. La compañía ha anunciado que publicará el próximo informe en enero de 2025, y probablemente será entonces cuando realmente se pueda comprobar el verdadero nivel de colaboración de Telegram con la justicia.