Mientras continúa el debate sobre la nueva ley contra las IPTV para ver el fútbol gratis, Italia y el resto de los países de la Unión Europea siguen luchando contra la piratería de la manera 'tradicional': con arrestos de los responsables de estos servicios. En España ya se han fallado penas de cárcel por vender decodificadores IPTV que permiten el acceso a retransmisiones ilegales, pero ese no es el único método usado por los criminales.

La última operación comandada por la Guardia Di Finanza, la policía fiscal italiana, es una buena demostración de cómo los métodos para acceder a 'streaming' pirata están cambiando. El objetivo de la operación fue la identificación de cuatro personas, entre las que se encuentra el supuesto líder de la trama, gracias a lo cual un juzgado ha podido ordenar el embargo de sus bienes, entre los que se encuentran cinco inmuebles y dos vehículos. Aunque no se ha confirmado su arresto, sí que se les acusa de violación de propiedad intelectual y blanqueo de dinero.

Tal vez el detalle más sorprendente de esta trama es la manera en la que funcionaba la distribución de contenido pirata gestionada por los presuntos criminales; usaban un sistema de reventa, por el cual los participantes podían comprar acceso a las grandes plataformas de 'streaming' y revenderlo a sus clientes obteniendo un cuantioso beneficio.

Ya sea contactando directamente con los proveedores, o a través de un conocido, los vendedores obtenían 'créditos' en masa; cada crédito equivale a un mes de visionado, y costaba menos de lo que cuesta la suscripción obtenida de manera oficial de cualquiera de los servicios incluidos.

Este servicio pirata ofrecía acceso a contenido de plataformas legales, a través de una página encriptada a la que sólo podían acceder los usuarios que habían comprado 'créditos' a los revendedores. Entre los servicios accesibles a través de la página se encontraban Netflix y DAZN, además de canales de televisión de Sky y Mediaset, por lo que en teoría los clientes también podían ver partidos de fútbol emitidos por canales con licencia. Dependiendo de la cantidad de créditos obtenidos, los revendedores podían asignar a cada usuario el contenido que podían ver y durante cuánto tiempo a través de un panel de control integrado en la página.

El gran riesgo para los revendedores en una trama como esta es que tenían que exponerse al público para vender el acceso a la plataforma; por eso, la policía ha descubierto que los revendedores no admitían transferencias ni pagos que pudiesen ser rastreados fácilmente, y el dinero en metálico era demasiado inconveniente en grandes cantidades. La solución de los revendedores fue aceptar sólo tarjetas prepago de Postepay, el servicio de correos italiano.

En concreto, para comprar créditos los usuarios tenían que recargar las tarjetas Postepay de los revendedores; Postepay es un servicio que no requiere de una cuenta corriente pero cuya tarjeta puede ser usada en todo tipo de tiendas, tanto en datáfonos como por Internet, y sacar dinero en cajeros. Sin embargo, los revendedores no contaron con que para usar el servicio es necesario registrarse en la oficina de correos con un número de teléfono; la policía asegura que fue capaz de rastrear los pagos al servicio ilegal gracias a esto.

La policía también ha confirmado que continúa el trabajo de identificación de los implicados, incluyendo los responsables de la distribución; y es posible que también esté buscando una lista de suscriptores del servicio. Gracias a la nueva ley contra la piratería, en Italia es ilegal consumir contenido pirata, y las multas por ver IPTV pirata pueden alcanzar los 5.000 euros; aunque el sistema aún no se ha puesto en marcha, si la policía ha obtenido una lista de clientes de este servicio, estas personas probablemente serán de las primeras en recibir el aviso de multa.