El uso de las redes sociales y los móviles se ha convertido en algo normal en España no sólo para los adultos, sino también para los más pequeños. Pese a que muchos expertos indican que no es aconsejable que los menores estén muy expuestos a las pantallas en todo momento, la realidad es que es normal que niños de 12 años ya tengan su propio smartphone. En algunos países incluso se ha estudiado la idea de prohibir la venta de móviles a menores de 16 años.

Esto hace que la exposición a las redes sociales se dé en un momento en el que aún no tienen la capacidad de entender qué están viendo, lo que puede perjudicar su salud mental, algo que se ha visto sobre todo desde la pandemia. Por eso el gobierno español está trabajando en una serie de medidas que intentarán paliar eso.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha presentado en el Consejo de Ministros un informe independiente creado por un grupo de expertos sobre entornos digitales seguros para niños y adolescentes. En él se detallan hasta 107 medidas enfocadas a que los menores tengan un acceso regulado a Internet, manteniendo sus derechos y sin perder de vista el interés superior de la infancia.

Una de las medidas más llamativas es la que obligará a las plataformas digitales a poder verificar la identidad de sus usuarios, para que no pase como ahora, cuando niños menores de 16 años pueden usar plataformas como Instagram o WhatsApp que, en teoría, están pensadas para ser usadas sobre ese límite de edad.

También se pondrá el foco en regular el uso de las pantallas en los menores de tres años, así como en el uso de las mismas en los entornos educativos. Y no se ha dejado de lado la parte correspondiente a los progenitores, buscando regular el sharenting, es decir, el compartir imágenes de los hijos por parte de sus progenitores o familiares directos, algo que está muy normalizado pero que tiene sus problemas.

También se enfatiza la importancia de la formación, no sólo para los menores, sino también para las familias. En muchas ocasiones la dejadez de los adultos es la que hace que los menores pasen demasiado tiempo usando las pantallas, además de hacerlo en servicios que no están diseñados para ellos.

La intención del ministerio es poder incluso incorporar mecanismos de vigilancia y sanción para penalizar a las empresas, instituciones o particulares que no cumplan con esta regulación. Todo esto se desarrollará a nivel estatal y busca crear un marco normativo que sea referencia a nivel internacional ya que estos problemas no son algo solo que se dé en España.

Por el momento lo presentado es un informe y ahora queda desarrollar todo un marco regulatorio y luego lograr que pase por el congreso y sea aceptado por la mayoría de la cámara, donde podría verse modificado e incluso no aprobado. Pese a todo, parece que este tema es una preocupación transversal y podría lograr cierto consenso a nivel nacional.