Durante el último mes, cada vez que hay jornada de fútbol en España hay problemas de Internet; y no se deben a la gran cantidad de tráfico generado durante este periodo, sino a un bloqueo masivo de direcciones IP ordenado por LaLiga. Un bloqueo que, aunque en teoría tiene como objetivo las IPTV piratas para ver el fútbol gratis, en la práctica está afectando a servicios legales y a usuarios convencionales.

Las reacciones legales a este bloqueo generalizado no se han hecho esperar, y ya están avanzando. La primera en acudir a los juzgados fue la gran perjudicada por el bloqueo: Cloudflare. La compañía de computación en la nube es bloqueada cada fin de semana por alojar servicios presuntamente piratas; pero este bloqueo también afecta a sus clientes legales, que comparten dirección IP.

Cloudflare anunció acciones legales contra la sentencia que otorga a LaLiga el poder de ordenar estos bloqueos a las operadoras; según reporta BandaAncha, la semana pasada el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona admitió a trámite el incidente de nulidad presentado por Cloudflare. Ese es el mismo juzgado que inicialmente concedió a LaLiga la capacidad de bloquear una serie de direcciones IP de manera dinámica. La admisión a trámite abrió un plazo de cinco días para que todas las partes pudiesen presentar sus alegaciones, algo que las demandantes originales, LaLiga y Telefónica, ya habrían hecho este pasado lunes.

Cloudflare es la compañía más afectada por los bloqueos ordenados por LaLiga, al estar dirigidos a direcciones IP y no a dominios concretos. Por la manera en la que funciona la llamada 'nube', varios dominios pueden tener la misma dirección IP, lo que resulta en los bloqueos a servicios legales cada vez que se bloquea un servicio pirata. En un cruce de acusaciones público, Cloudflare ha llegado a asegurar que LaLiga ocultó al juez este "perjuicio a terceros" que debería haber sido tenido en cuenta para aprobar una medida semejante; por su parte, la organización de Javier Tebas ha acusado directamente a Cloudflare de colaborar con el crimen organizado y alojar contenido altamente ilegal.

El objetivo de Cloudflare será demostrar que el perjuicio a terceros que el juez consideró inexistente, es real; y tendrá ayuda para demostrarlo. Esta misma semana se ha admitido a trámite una segunda petición de incidente de nulidad; ha sido presentada por la comunidad de ciberseguridad RootedCON en colaboración con un grupo de afectados por los bloqueos, entre los que se encontrarían tanto empresas como usuarios.

Este incidente de nulidad destaca por incluir un informe pericial que acreditaría el daño causado a terceros por los bloqueos, lo que contradice directamente la sentencia. Por lo tanto, ahora está en manos del juez decidir si estas reclamaciones tienen peso y si la sentencia original sigue siendo idónea. Sin embargo, dado que la sentencia fue firme, es muy probable que no llegue a ser completamente suspendida, y que el juez intente alcanzar algún compromiso para reducir los daños a terceros o controlar un poco los bloqueos ordenados por LaLiga.

Esta es una de las medidas contra la piratería más impopulares que se recuerdan, al afectar principalmente a usuarios y empresas que no tienen nada que ver con el fútbol ni con sus emisiones ilegales. Tampoco está siendo muy popular entre las operadoras, que están obligadas por el juez a ejecutar los bloqueos tal y como son ordenados por LaLiga, pero son las que más quejas están recibiendo de sus clientes.

No ha ayudado mucho la falta total de transparencia sobre estos bloqueos, que inicialmente parecían un problema técnico más que otra cosa. Eso es porque los navegadores no muestran ningún tipo de información o error cuando se intenta acceder a una página bloqueada, ya sea legal o ilegal; la página simplemente no carga, y los servicios, como ChatGPT, simplemente dejan de funcionar. 

Eso está cambiando, y algunas operadoras se están atreviendo a redirigir las quejas de sus clientes a LaLiga; desde esta semana, Digi está empezando a mostrar un mensaje que explica exactamente el motivo del bloqueo, nombrando específicamente a LaLiga y a Telefónica como las responsables del procedimiento que terminó en la polémica sentencia.