Íker Casillas salió del Real Madrid en 2015. Tras varios años repletos de éxitos y otras tantas polémicas en los últimos años, el portero español fichó por el Oporto. El agente de futbolistas Santos Márquez fue el intermediario en esos movimientos, pero ahora deberá sentarse en el banquillo del juzgado de instrucción número 8 de Palma.

El titular de dicho juzgado lo acusa de un delito de apropiación, por el cual la fiscal Concepción Gómez y el letrado Jaime Campaner piden una fianza de 550.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias, así como entre cuatro y seis años de cárcel. Al parecer, Santos Márquez y el empresario que ha impuesto la querella crearon una sociedad para intermediar en el mercado de fichajes. Mientras el citado empresario sufragaba los gastos, el presunto culpable negociaba las llegadas y las salidas de cada jugador.

Sin embargo, cuando la citada empresa comenzó a negociar el movimiento de Casillas, Santos Márquez constituyó otra sociedad a espaldas de su socio para ejecutar el fichaje, tratando así supuestamente de obtener un beneficio económico, más concretamente 444.000 euros en comisiones. Al acusado se le reclama esa cantidad, además de 22.000 debido a los gastos que tuvo que abonar al agente en los dos meses que duraron las negociaciones.

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