Es una historia que cuenta El Mundo este domingo. José Velez, tras estudiar Farmacia y montar su propia farmacia en Aluche, cumplió su sueño y metió todo lo que tenía y se endeudó para hacerse con una parcela de la localidad madrileña de El Escorial, casi en el límite con Galapagar. Con tres obreros, se puso él mismo a construir la casa a modo rural, sin grandes lujos. Ladrillo a ladrillo. Durante tres años.

Tan enamorado estaba de aquel lugar que mientras levantaba la casa se quedaba a dormir en una choza de madera que situó en una ladera de su finca. Cumplió su sueño durante diez años. Allí ha criado a sus hijos, ahora de 12 y 11 años, junto a su mujer. Pero en 2010, su sueño comenzó a convertirse en una pesadilla que puede acabar con su familia desahuciada de la casa. Y todo por talar sin permiso municipal un fresno común que amenazaba su casa.

"Tenía unos diez metros de alto. Un día después de una tormenta apareció inclinado sobre la casa, más de lo que estaba. Me dio miedo. Un amigo aparejador me dijo que amenazaba la casa y hablé con otro amigo que tenía una máquina para quitarlo. Tenía ramas secas, estaba enfermo", recuerda Velez. Mientras lo retiraban pasaron frente a su casa dos policías municipales. Les invitó a un café "y me preguntaron si podían sacar fotos. Les dije que sí, les conté lo que pasaba y me dijeron que lo entendían".

Al cabo de tres o cuatro meses, el correo le trajo el susto de su vida: una notificación municipal de procedimiento de sanción de entre 100.000 y 500.000 euros por haber cortado el árbol sin licencia. "Al principio no me lo creí", señala. Ahí comenzó una batalla administrativa y judicial de siete años que terminó el pasado diciembre, cuando el Tribunal Supremo, la última vía, rechazó revisar la sentencia del juzgado contencioso administrativo y ratificó la condena a pagar 100.000 euros de multa por una infracción muy grave prevista en la Ley de 2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid.

De nada sirvió que presentara en el juicio un informe forestal realizado por un ingeniero agrónomo de junio de 2014, en el que consta que en la finca había varios árboles enfermos, desde mucho tiempo atrás, cuya poda o tala era necesaria por razones de seguridad, u otro informe del Seprona, de septiembre de 2016, en el que se hacía referencia a la existencia de tres árboles que debían estar afectados por alguna enfermedad porque estaban secos, con ramas caídas y con el suelo alrededor en descomposición.

Más de 2.000 euros de sanción todos los meses

"Me trataron fatal, como si fuéramos delincuentes", recuerda Velez, que hace dos años comenzó a pagar la multa en mensualidades aplazadas, lo que le supondrá pagar más de 40.000 euros de intereses, y el poco dinero que tenía ahorrado se empieza a agotar, ya que paga más de 2.000 euros de la sanción todos los meses.

Después de pasar por una fuerte depresión y perder 15 kilos, dice que va remontando "poco a poco". Pero la situación económica es casi ya insostenible, está en un alambre, y el desahucio llama a la puerta. "Lo que he hecho toda mi vida se va a ir a al traste, la obra de mi vida al carajo, mis ahorros, mi herencia... y no tengo garantía de que con el embargo me dejen en paz, tengo que seguir afrontando la deuda", señala este farmacéutico, que no ha encontrado ningún caso en España tan brutal como el suyo.

Desde el Ayuntamiento entienden la desazón de este vecino y el edil de Medio Ambiente considera también una "barbaridad" la multa, "pero nosotros sólo aplicamos la Ley, no podemos mirar para otro lado". Sobre encontrar una vía social para condonar la deuda, Ignacio Belaunde explica "que la Ley de la Comunidad es muy escueta y no da margen a interpretación", y explica que sí se hubiera permitido una alternativa a la sanción si hubiera pedido permiso antes de derribarlo.