Las empresas de transporte sanitario han abonado un total de 111 sanciones económicas al Gobierno regional hasta mediados del mes de marzo --desde octubre de 2017-- por valor de 227.498 euros, según ha confirmado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández.
Así ha contestado Fernández a una pregunta oral formulada en el pleno de las Cortes por parte del diputado del PP Lorenzo Robisco.
El titular sanitario ha remarcado que el Gobierno regional realiza la revisión de lo que las empresas hacen mal o bien para poder subsanar posibles problemas, aunque ha criticado a Robisco por alertar, ya que hay un porcentaje del 98,4 por ciento de pacientes que expresan satisfacción con estas empresas.
Por otro lado, la diputada del PP Ana Guarinos ha demandado información sobre el supuesto cierre de la farmacia de Villanueva de Alcorón, a lo que el consejero de Sanidad ha contestado que la farmacéutica que regentaba la farmacia ha conseguido plaza en otro sitio y por lo tanto se traslada la licencia que tiene, por lo que, según dicta la norma, hay que instalar un botiquín en su lugar, algo que no corresponde a ningún recorte sino a las circunstancias de este traslado.
Siguiendo la temática sanitaria, la diputada del PP Cortes Valentín ha planteado al consejero de Sanidad cuándo se abrirá el centro de salud de Tomelloso, a lo que Fernández ha señalado que está adjudicado, se licitará en próximas semanas y se realizará la obra.
Podemos pregunta sobre el agua en Puy du Fou
En otro orden de cosas, el diputado de Podemos David Llorente ha preguntado al Gobierno regional por el posible "robo de agua" al Tajo por parte de la empresa Puy du Fou en las obras de instalación de su parque temático en la ciudad de Toledo, ante lo que el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha replicado que en caso de ser cierto, es competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo dirimir responsabilidades .
En su pregunta, Llorente tasaba en cerca de un millón de litros de "trasvase de agua ilegal" el agua sustraída por la empresa. "La propia entidad lo ha admitido pero ha culpado a una subcontrata, pero ellos son los responsables. Pero lo más preocupante de todo es la pasividad del Gobierno, responsable inequívoco del medioambiente", ha lamentado, apuntando que el Ejecutivo "criminaliza" a los ecologistas.
Además, ha abundado en que "ni siquiera se ha admitido a trámite la denuncia por una infracción que es grave", acusando al Gobierno de poner una "alfombra roja" a la empresa promotora.
Martínez Arroyo ha replicado que es la Confederación Hidrográfica del Tajo la responsable de analizar si hay extracción ilegal de agua o no, y desde el Gobierno regional ya se le ha enviado el expediente.
También ha dicho que en la Declaración de Impacto Ambiental se recoge que se tendrá que utilizar agua depurada del propio parque, algo que a estas alturas es imposible. Con todo, ha insistido en dejar claro que no pueden arrogarse competencias que no tienen como Administración regional.
Otra pregunta planteada por el PP en sede parlamentaria ha sido sobre la construcción de un instituto en Sacedón, a cargo de la diputada del PP Ana Guarinos.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha señalado que este proyecto de reconstrucción del centro que existe está redactado, a falta de detalles como la climatización, y saldrá a licitación en próximos días con importe de 500.000 euros, por lo que la localidad podrá contar con un centro nuevo en septiembre.
La última pregunta oral ha sido formulada por la diputada del PP Carolina Agudo, quien cuestionaba a la consejera de Fomento, Agustina García Élez, por el motivo por el cual la Junta no ha licitado el tramo de la CM-5005 a su paso por Almendral de la Cañada.
La titular de Fomento ha replicado lamentando que esa zona de la Sierra de San Vicente nunca ha interesado al PP cuando gobernaba, mientras que ahora "sí se están realizando inversiones".
"El tercer tramo está ya en redacción de proyecto", ha confirmado, al tiempo que ha insistido en que no se puede licitar hasta que ese proyecto no esté finalizado, tal y como marca el protocolo.