La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas someterá a consulta pública el anteproyecto de Ley que regulará la actividad del juego en Castilla-La Mancha desde este lunes y hasta el próximo 28 de marzo.



Así lo ha dado a conocer la mencionada Consejería en un comunicado en el que también ha informado de que en este periodo cualquier ciudadano, organización o asociación que lo considere puede hacer llegar sus aportaciones al respecto.



Tal y como se indica en esta consulta pública previa, a la que se puede acceder desde la página web de la Junta de Comunidades o del Portal de Transparencia, cualquier observación puede ser remitida en el plazo de 20 días naturales al correo electrónico de la Dirección General de Tributos.



La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho hincapié en que la actual Ley del Juego de Castilla-La Mancha, aprobada en el año 2013, ha facilitado la proliferación de este tipo de establecimientos en la región.



A su juicio, esto ha generado en los últimos años una creciente preocupación social por la repercusión negativa que esta actividad puede generar en determinados colectivos, como menores de edad o personas con problemas de adicción.



Por ello, el Gobierno regional pretende aprobar una nueva legislación en la materia, atendiendo la demanda social, que reclama un mayor nivel de protección de los grupos más vulnerables y articular para ello un conjunto de instrumentos que ordene el sector, permitiendo que el ejercicio de esta actividad sea "moderado, proporcionado y responsable".



La futura normativa regional sobre juego tratará de corregir las externalidades negativas que la actividad del juego genera en la sociedad, poniendo el énfasis en la prevención, en el fomento del juego responsable y en la inspección y control del sector.



De esta forma, la protección a los colectivos más vulnerables, como menores de edad y personas con problemas de adicción, y una mayor actividad de inspección y control en el sector, son los objetivos básicos que se fija el Ejecutivo autonómico para las políticas públicas que deben regir esta materia.