Graves denuncias sobre el trato a los guardias civiles de Castilla-La Mancha en la crisis
"Cuando pensábamos que las cosas no se podían hacer peor, la Dirección General de la Guardia Civil se vuelve a superar en el maltrato a sus agentes, de forma genera, y de manera acentuada desde que nos encontramos en Estado de Alarma por el Covid-19". Esla denuncia que ha hecho la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en una nota de prensa difundida esta mañana.
Así, dicen, mientras que en la provincia de Toledo se desinfectan todos los acuartelamientos, así como toda la flota de vehículos, "a través del trabajo ejemplarizante de las corporaciones de Protección Civil, en otras provincias de Castilla-La Mancha esta acción no se lleva a cabo o se hace de un modo muy insuficiente".
A esto se le suma "un último disparate, y es que en las unidades de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha se citaba a sus agentes para la realización de pruebas de detección del Covid-19 en Toledo el 29 de abril, y en Guadalajara el día 30", explica la nota.
Para dichas pruebas fueron convocados guardias civiles de toda la Comunidad Autónoma, que en muchos casos debían desplazarse para ello desde cientos de kilómetros de distancia.
Dichos desplazamientos, "ya de por sí disparatados, debían hacerlos los agentes en la mayoría de los casos solos y con sus vehículos particulares y sin tener en cuenta su estado físico y psicológico, algo insólito dado que en la mayoría de los casos hablamos de guardias civiles que se encuentran de baja laboral y en cuarentena, bien por haber dado anteriormente resultado positivo en las pruebas, bien por encontrarse aislados en cuarentena por síntomas de la enfermedad o haber estado en contacto con otras personas contagiadas, pudiendo encontrarse con fiebre, tos, malestar general o cualquier otro síntoma que disminuya las capacidades. Cuestión ésta que, desde luego, hace que este tipo de desplazamientos no resulten aconsejables".
Pero de repente, denuncia, "se ordena que se haga uso del vehículo particular, ignore sus síntomas o malestar físico y se haga, en algunos casos un trayecto de más de 500 kilómetros, y cruzarse hasta cuatro provincias como los casos que se inician desde Ciudad Real, para realizarse unas pruebas que tienen una duración de menos de media hora, y que sin duda se podrían haberse realizado en su misma provincia, como ya se había venido haciendo anteriormente".
Otra cuestión que entienden menos y que consideran de "una peligrosidad extrema", es el hecho de que una gran cantidad de agentes que se encontraban de baja laboral por haber dado resultado positivo, con síntomas de la enfermedad o en cuarentena por haber estado en contacto con positivos de coronavirus, están siendo dados de alta por teléfono, por personal sanitario de la Guardia Civil, o desde el SESCAM, "dándose el caso de cuando se solicita la identificación del comunicante, éste se presente como personal administrativo y que habla por orden de los médicos, sin realización de pruebas diagnósticas de haber finalizado la enfermedad y ordenando la incorporación a sus puestos de trabajo".
Esta medida afirman que "raya lo inconcebible, ya que no solo se está poniendo en riesgo al propio agente, sino a los demás agentes que vayan a prestar servicio con él o los ciudadanos con los que tenga que tratar en el desarrollo de sus actuaciones. Independientemente del gasto que conlleva al erario público, al tener que abonar el kilometraje como las dietas a los propios agentes, cuando este gasto se podía eliminar si se hiciesen en su provincia de destino".
Desde AUGC, "vamos a remitir escrito a los afiliados para que soliciten tanto al SESCAM como a la Guardia Civil que se identifiquen a estas personas y así acaten las responsabilidades que pudieran conllevar a dar de alta telefónica a los agentes".
Finalmente advierte de que ya es hora de que "la Administración que corresponda, Ministerios de Sanidad, SESCAM, DGGC, etc, tome las riendas de este descontrol y ponga un poco de cordura en este desaguisado antes de que sea demasiado tarde. De no ser así, AUGC emprenderá las medidas necesarias para pedir las responsabilidades por los abandonos, dejadez de funciones, incumplimientos de las normas y cualquier otra cuestión que haya producido perjuicio para los guardias civiles".