Arantxa y Paulo Jorge estuvieron separados de sus tres hijos más de dos años hasta que lograron demostrar en los tribunales que la Junta de Castilla-La Mancha les había quitado injustamente su tutela y casi un año después han demandado a ese Gobierno, al que reclaman indemnizaciones por más de un millón de euros.

De conseguirlo, sería una de las mayores indemnizaciones por una retirada de tutela que se demuestra ilegal que se concede en España, explica a Efe el abogado de la familia, el murciano Ramón Jiménez, que logró que el matrimonio recuperase a sus hijos en abril de 2019 al demostrar en el juicio que ninguno de los argumentos de la Consejería de Bienestar Social castellano-manchega para dictaminar la desprotección de los menores estaba fundamentado.

El calvario de esta familia comenzó en mayo de 2017, cuando residían Santa Cruz de Tenerife y los servicios sociales canarios les retiraron de manera "provisional" la tutela de los tres niños, que entonces tenían 7, 4 y 2 años.

Sin una red familiar en las islas, los padres decidieron trasladarse a Mocejón (Toledo), donde contaban con varios parientes, y la administración canaria aprobó que esos familiares acogieran a los menores mientras se decidía sobre la capacidad de los progenitores.

Sin embargo, el 5 de julio de 2017 los servicios de Menores de Toledo volvieron a declarar a los niños en situación de desamparo e ingresaron a los tres hermanos en un centro de acogida.

Se basaban en tres argumentos principales: la "sospecha" de que ambos progenitores sufrían enfermedades mentales, la acusación de que los niños no estaban siguiendo tratamientos médicos adecuados y la supuesta inestabilidad económica y residencial de la familia.

El 22 de abril de 2019, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Toledo devolvió la tutela a los padres dando por válidos los argumentos presentados por Jiménez, que contradecían los tres supuestos: hasta seis informes psiquiátricos y psicológicos emitidos por profesionales públicos y privados descartaban cualquier patología mental de los padres y su capacidad económica quedó igualmente demostrada.

En cuanto a las enfermedades de los niños, quedó también patente que los padres habían seguido todos los protocolos médicos incluso en la sanidad privada y que en ningún caso eran achacables a sus progenitores.

Sin embargo, tanto los niños como sus padres presentan secuelas por la dura situación sufrida durante los 678 días que pasaron separados, desde tendencias depresivas y apáticas hasta miedos incontrolables y ansiedad, según los informes periciales aportados en la demanda contra la Consejería de Bienestar Social.

La hija menor, que sufre una enfermedad ósea, la ha visto "notablemente agravada" por el "deficiente tratamiento y seguimiento" de su caso durante el tiempo en el que estuvo tutelada por la administración, según el informe.

Jiménez lamenta que en todo el proceso se produjeron agravantes que hacen más dramático el caso y que han aumentado las secuelas, como que el hermano mayor fuera separado de los dos menores a pesar de los informes profesionales que lo desaconsejaban, y que los hermanos pequeños fueran dados en acogida a una familia ajena a ellos y no a sus propios familiares, como se había acordado.

Según el letrado, no existe hoy un baremo específico que mida los daños y perjuicios que puede provocar una situación de esta índole, por lo que para calcular la indemnización que han solicitado de la manera más objetiva posible han tomado como referencia el de la ley sobre accidentes de tráfico.

Piden unos 256.000 euros para la madre y otro tanto para el padre, 103.000 por las secuelas psicológicas y 153.000 por los perjuicios morales, y 87.000 para el mayor de los hermanos, 157.000 para el mediano y 68.000 para la pequeña, a la que habría que sumar la indemnización adicional que se fije durante la fase pericial del juicio por el agravamiento de su enfermedad.

En total, son 828.000 euros, que sumados a los intereses y a la indemnización aún sin calcular de la hija menor, "superará con creces el millón", advierte el abogado.

Aunque a priori la cifra puede parecer elevada, Jiménez ha insistido en la imposibilidad real de reparar el daño que se provoca a una familia a la que se separa injustamente: "Es difícil poner un valor a cada día que unos padres pasan separados de sus hijos".