El fin del estado de alarma, previsto por el Gobierno de España para el próximo 9 de mayo, tal y como anunció este martes Pedro Sánchez, supondrá el levantamiento de las medidas "generales" que, como el toque de queda, requieren de este "paraguas" legal. Así lo ha explicado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque ha señalado que, con el aval de los tribunales y amparándose en la legislación ordinaria, las comunidades autónomas podrán seguir tomando medidas para limitar la movilidad dentro de sus territorios, como ya se hizo a mediados de 2020, tras la desescalada.

"Las comunidades ya tuvieron medidas de contención del movimiento y de la limitación a la actividad pero no desde ese paraguas, que es general. Por tanto, ya lo hemos experimentado. No es una iniciativa nueva", ha argumentado Montero este miércoles durante una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) al ser preguntada sobre cuál es el escenario que se abrirá cuando decaiga el 9 de mayo el estado de alarma, como prevé el Gobierno, si la pandemia de coronavirus no repunta y la incidencia se mantiene en niveles bajos.

En este sentido, Montero ha asegurado que lo que acabarían entonces "son las medidas generales". "Pero lo que no acabará nunca es la competencia que tienen las comunidades para delimitar cuáles son las medidas de seguridad que en su territorio se pueden poner en marcha. Eso es algo importante", ha apostillado.

A este respecto, ha defendido que "tanto la legislación ordinaria" como el "refuerzo" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) "lo permite, sin tener que recurrir al estado de alarma si no es imprescindible".

Preguntada en concreto por los cierres perimetrales a nivel autonómico, Montero ha asegurado que "podrían desaparecer dependiendo de la incidencia que exista en cada territorio", pero ha admitido que cada territorio puede "poner en marcha algún tipo de medida de restricción que entienda que es conveniente para que no se produzca un incremento en el número de contagios".

En todo caso, la portavoz del Gobierno ha asegurado que confían en que, gracias al aumento de la vacunación que se irá produciendo de aquí a finales del verano, no sea necesario volver a aplicar medidas que limiten los derechos fundamentales.

En la misma línea se expresaba este martes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asegurando que los ciudadanos han respetado "la inmensa parte de las normas", algo que "permite afrontar la salida de la Semana Santa con esperanza de poder administrar con prudencia e inteligencia los sacrificios que queden, hasta que haya una vacunación universal, que será en pocas semanas".

El jefe del Ejecutivo autonómico, en ocasiones anteriores, ya había adelantado que su intención, siempre que la evolución de la pandemia lo permita, es levantar el cierre perimetral de Castilla-La Mancha lo antes posible. Sin embargo, elconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha señalado que la situación indica, por el momento, que "deberíamos seguir perimetrados" no solo en esta Comunidad Autónoma sino "todas las regiones".

"Ciertas dudas" jurídicas

Fernández Sanz, a preguntas de los medios en Almorox (Toledo), con motivo de la inauguración del Consultorio Local, ha admitido que existen "ciertas dudas, sobre todo desde el punto de vista jurídico", sobre cómo actuar si se acaba el estado de alarma y son las distintas regiones las que tienen que tomar el testigo.

"En aquellas situaciones donde se tienen que tomar decisiones que tienen que ver con los derechos fundamentales, tenemos dudas que veremos cómo se van trabajando y discutiendo" y que se abordarán en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) previsto para este miércoles.

El titular de la sanidad castellanomanchega ha explicado que en ese encuentro también se abordarán las medidas a adoptar tras el 9 de abril, fecha en la que concluyen las iniciativas aprobadas el pasado 10 de marzo en el propio Consejo Interterritorial para toda la Semana Santa.

El objetivo es tener medidas acordes "con la situación epidemiológica en la que nos encontramos en este momento", ha destacado, reseñando que Castilla-La Mancha se encuentra "entre las tres o cuatro regiones con menor incidencia".