Cuando el fraude eléctrico pasa factura a los consumidores

El fraude eléctrico representa un gran problema económico para el sistema eléctrico, dado que el coste de la energía defraudada, según la regulación vigente, recae sobre el conjunto de los usuarios a través de su factura. Además, esta práctica ilícita también puede provocar incendios y otro tipo de accidentes que ponen en peligro tanto a las personas que las realizan como a las que conviven con ellas. 

Con la irrupción de la crisis económica en 2008, las conexiones fraudulentas a la red experimentaron un incremento del 28% hasta 2013, un fenómeno que refleja la creciente presión económica sobre muchos consumidores. Y, desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, la práctica fraudulenta ha aumentado aún más, convirtiéndose así en uno de los principales desafíos a los que se enfrenta ahora el sector energético. 

Para poner fin a esta práctica, la distribuidora eléctrica de Naturgy lleva años desarrollando acciones con las que poner freno a los fraudes eléctricos, entre los que destacan, especialmente, aquellos que se producen para suministrar energía a plantaciones ilegales de marihuana ocultas en naves. “El incremento del fraude supone un enorme problema social con consecuencias muy diversas. Además de entrañar un grave riesgo para las personas que lo practican y de sus vecinos, los enganches a la red debilitan la calidad del suministro eléctrico para todos los consumidores y acaba suponiendo un coste para el conjunto del sistema eléctrico, por lo que en UFD estamos comprometidos en la lucha para su detección y erradicación”, explica Mónica Puente, directora de UFD.

Apertura de 13.500 expedientes en toda España

Ante la necesidad urgente de tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad de las personas y reducir el enorme coste para el sistema eléctrico que suponen este tipo de acciones fraudulentas, la distribuidora del grupo Naturgy puso en marcha el año pasado 44.000 actuaciones repartidas entre Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Gracias a estas intervenciones, en 2023 se abrieron más de 12.400 expedientes por fraude en el conjunto de estas regiones, casi el doble que la cifra registrada el año anterior. Concretamente, Madrid registró el mayor número de casos con un total de 6.450 expedientes, seguida de Galicia (3.000), Castilla-La Mancha (2.750) y Castilla y León (250). Además, la compañía logró evitar la pérdida de un volumen de 152 GWh de energía consumida de forma fraudulenta gracias a las actuaciones en estas zonas, un 44% más que el año anterior. Gracias a ello se logró evitar el consumo de una cantidad equivalente al consumo anual de casi 47.000 hogares.

El caso de Castilla-La Mancha

UFD ha detectado en Castilla-La Mancha 4.452 fraudes eléctricos y ha podido restablecer el suministro de 72,3 GWh, 35,5 GW en 2022 y 36,8 GW en 2023. Cabe destacar que de todas las operaciones realizadas en esta zona, 190 estaban relacionadas con plantaciones de marihuana, una cifra que representa el 53% de las 355 actuaciones que se han hecho en todo el país.  

Estas instalaciones consumían de forma ilegal una cantidad anual de 5GWh en 2023, una cifra que equivale a la demanda energética de aproximadamente 1.600 viviendas. Para poner fin al fraude eléctrico en las plantaciones de marihuana, la distribuidora eléctrica de Naturgy colabora estrechamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de la detección de consumos inusualmente elevados. Y es que la UFD es capaz de detectar los posibles consumos eléctricos excesivos desde los centros de transformación, sobre todo cuando estos no se corresponden con el número o el tipo de suministros asociados a las instalaciones. De esta manera, la entidad puede llegar a prevenir incendios que surgen al superar en algunos horarios su capacidad de carga. 

Además, UFD puede supervisar de forma telemática las pérdidas de energía asociadas, tanto en volumen como en horario, y cuando esta información parece indicar posible fraude, se pone en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Estado, que son quienes se encargarán a partir de este momento de hacer la investigación. 

La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. Según establece la legislación, las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas.

Ahora, gracias al esfuerzo de la distribuidora eléctrica de Naturgy, los fraudes eléctricos están más perseguidos que nunca para garantizar así la seguridad de los ciudadanos y evitar un aumento en la factura de los consumidores.