El Servicio del 'Defensor del profesor' de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (Anpe) de Castilla-La Mancha ha atendido 81 casos de situaciones de conflictividad y violencia hacia el profesorado en el curso 2020-2021, uno menos que el curso anterior, pero ha crecido el uso de las redes sociales, motivado por el confinamiento por la pandemia.

Se trata de las conclusiones más destacadas como recoge el informe que han presentado en rueda de prensa este jueves el presidente de Anpe CLM, Ramón Izquierdo; la coordinadora del Servicio del 'Defensor', Genoveva Jiménez, y el secretario de comunicación del sindicato, Manuel Tébar.

Del informe, del curso 2020-2021, se desprende que de los 1.960 casos a nivel nacional 81 corresponden a Castilla-La Mancha, uno menos que el curso anterior, con lo que se mantiene la línea descendente de conflictos iniciada en el curso 2018-2019.

De los 81 casos violentos, 18 se han producido en la provincia de Albacete (22 %), 11 en Ciudad Real (14 %), 7 en Cuenca (8 %), 9 en Guadalajara (11 %) y 36 en Toledo (44 %), y por etapas educativas de Infantil se han dado cuatro casos (5 %), de Primaria 37 casos, los mismos que de Secundaria-Bachillerato (46 % ambos), y tres de Otras Enseñanzas: Formación Profesional (FP) o Escuelas de Adultos o de Idiomas, entre otras, aquí que ha caído la incidencia un 10 %, mientras en Secundaria ha aumentado un 13 %.

Genoveva Jiménez ha ampliado que el informe divide los problemas en tres tipologías, la primera con alumnos, donde las faltas de respeto lideran la lista, con 19 casos (23 %), seguida por los 13 por dar clase (17 %) y los once por acosos o amenazas (14 % y diez por cyberbulling (12 %), mientras se registran tres agresiones y cinco en daños a propiedades de los docentes.

La segunda tipología, relacionada con los padres, contempla 19 falsas acusaciones (23 %) y 17 faltas de respeto (21 %), quedando por debajo las denuncias en los centros (10 y un 12 %), si bien ha crecido el acudir a Inspección -de seis a 12 actuaciones-, y de acoso (nueve y un 11 %), por cuatro de pedir modificación en una nota y una única agresión.

El último apartado, en problemas con el entorno laboral, se han recogido 14 casos por conflictos con la Administración (17 %) -convivencia, horarios, permisos, etc.-, con un descenso respecto al curso anterior (23), y nueve en otros casos (11 %), dos más que en el curso 2019-2020, provocado por la incertidumbre a causa de la covid-19.

Jiménez ha ampliado que las medidas puestas en marcha por la pandemia han mantenidos altos el estrés y el nerviosismo, por la incertidumbre y 'miedo' tras el confinamiento, que se superó cuando se activó la vacunación, y que han bajado la depresión -un 2 %- y las bajas laborales -un 5 %-.

Y, por último, ha reflejado que el 64 % de los 81 casos han precisado de asesoramiento general y en todos los casos se ha ofrecido asesoramiento jurídico, computándose 65 casos telefónicos, seis presenciales y los diez restantes por correo electrónico.

Con estos datos, Ramón Izquierdo ha destacado la mayor incidencia del uso de redes sociales, "obvio, por la pandemia, por el confinamiento", y la consiguiente posterior vuelta a las aulas presenciales, que "ha supuesto mucho estrés y ansiedad al profesorado".

Izquierdo que ha elogiado "la gran labor y profesionalidad y valentía" de los profesores, ha reivindicado la convivencia de toda la comunidad educativa con una actualización del Decreto, que data de 2008, y que se vuelva a convocar el Observatorio de la Convivencia Escolar "para actualizar los protocolos".

Además, "una regulación del teletrabajo" como también una mayor formación al profesorado, que lleve implícita una mejora en la utilización de las nuevas tecnologías, que incluya también a padres y alumnado, de ahí que Anpe haya retomado este curso las campañas 'Decálogo del buen uso del móvil y las redes sociales' y 'Decálogo del buen uso del grupo de WhatsApp de padres y madres', ha precisado Tébar.

Por último, el presidente de Anpe CLM ha pedido mejoras en la Unidad de Atención al Profesorado, que se reconozcan como enfermedad profesional los casos de riesgo psicosocial por la práctica docente y que las comunidades "abran campañas de dignificación del profesorado que reduzcan los índices de casos violentos y mejoren, así, la convivencia".