¿Quién paga las gafas? Polémica por el balonazo dado a una profesora en un colegio de Toledo

Una de las escenas que se repite desde tiempos inmemoriales en cada uno de los colegios de España es la de los alumnos aprovechando el recreo para jugar un partidillo de fútbol, de baloncesto o de cualquier otro deporte de equipo. Y los niños y niñas de Villacañas (Toledo) no iban a ser menos. 

Pero en uno de los centros escolares de la localidad toledana ocurrió recientemente un percance relacionado con este tipo de entretenimiento. Una maestra encargada de vigilar al alumnado en el patio fue alcanzada de lleno en la cara por un balón lanzado involuntariamente por uno de los niños. El doloroso resultado para la profesora fue un derrame en el tabique nasal y la rotura de las gafas que llevaba puestas en ese momento.

Tras los acontecimientos, la polémica reside en quién debe hacerse cargo de los más de 500 euros que cuestan unas gafas como las que quedaron inutilizables. Mientras que el sindicato de profesores ANPE considera que es cosa de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha en calidad de institucuón empleadora y responsable del centro, esta última se desentiende del asunto y cree que es la propia maestra la que tiene que afrontar el montante de la factura.  

La argumentación de la Consejería ante la reclamación de la profesora es la siguiente: "El percance que sufre la persona reclamante se produjo en el recreo, durante el horario lectivo, dentro del normal desarrollo de su actividad laboral, razón por la cual puede concluirse que se trata de un riesgo inherente a su profesión, asumido voluntariamente y que, de acuerdo con la Ley, tiene el deber jurídico de soportar".

Sin embargo, ANPE defiende que la Justicia ya ha dejado claro en muchas ocasiones que "los funcionarios públicos no tienen el deber jurídico de soportar ningún daño material, físico ni perjuicio económico por el desempeño de sus funciones, y que la Administración deberá dispensar a sus funcionarios la protección que requiera en el ejercicio de sus cargos".

Al entender que la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ha "abandonado a su suerte" a la maestra de Villacañas, el sindicado ha anunciado que judicializará el caso para defender los intereses de la afectada y del colectivo.