La nueva Ley de Universidades ha provocado este miércoles el inicio de una ofensiva desde Castilla-La Mancha para intentar frenar la elaboración de leyes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que impliquen más gastos para las arcas autonómicas, una iniciativa en la que están alineados el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, y el rector de la UCLM, Julián Garde, totalmente de acuerdo en su rechazo a esta ley conocida como la LOSU.

En un acto público este miércoles en Cuenca para firmar un convenio entre la Junta y la Universidad de Castilla-La Mancha, Page ha anunciado que va a pedir la celebración de una Conferencia de Presidentes para que los líderes autonómicos formen un frente común con el objetivo de evitar leyes que supongan más gastos para las comunidades autónomas.

El presidente castellano-manchego toma así la iniciativa después de que los rectores españoles de la CRUE hayan estimado en 844 millones de euros el aumento de gasto en el que incurrirán las universidades a cuenta de la nueva LOSU.

Yo invito y tú pagas

Page ha lamentado, en este sentido, la política del "yo invito y tú pagas" del Gobierno de Sánchez y ha cargado contra este tipo de "ocurrencias" que el presidente de Castilla-La Mancha ha denunciado también en otras ocasiones.

"Comparto con la CRUE la preocupación con el gasto que la decisión del Estado obligará a universidades. Las comunidades autónomas que no hemos compartido la legislación no la vamos a financiar. No lo vamos a plantear. Vamos a establecer reclamación al Estado para que asuma la deuda a la que obliga a las universidades. Es muy cómodo, fácil e irresponsable que en España se legisle para que paguen los demás", ha indicado García-Page.

El líder castellano-manchego pretende que los presidentes autonómicos alcancen "un compromiso de Estado riguroso de no aprobar legislaciones que supongan más gasto a las comunidades autónomas si no van acompañadas de financiación específica", un compromiso que ha calificado como "de lealtad mínima".

Las cuentas de le lechera

"Solicitaré en enero esa Conferencia de Presidentes y me dirigiré a todos los presidentes de comunidades autónomas", ha avanzado Page, lamentando que tras 10 años sin remodelar la financiación autonómica, ahora se incurra en este tipo de gastos para las regiones, con una ley de "las cuentas de la lechera".

"Esto no hay quien lo asuma" y el Estado tiene que "retratarse". "Si no incorpora la financiación, tendrá que haber una paralización del gasto hasta que el Estado asuma su responsabilidad", ha dicho Page, quien ha reclamado, además, que los 150 millones de euros pactados a nivel nacional para universidades catalanas "se extiendan a todas las universidades del país".

"Esto es el dinero de todos, y por mucha bronca que quieran montar los independentistas, la financiación tiene que ser común o no será. Y si hay dinero extra y privilegio financiero para universidades catalanas, lo tendrá que haber para el resto", ha abundado.

Críticas del rector

En este mismo sentido, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha lamentado que los malos augurios que predijo en febrero de este año al respecto de la implantación de la nueva ley de universidades se están cumpliendo, después de que los rectores españoles hayan estimado en 844 millones de euros el coste que supondrá para las instituciones académicas.

Así lo ha hecho constar a través de la red social X, donde en un mensaje recogido por Europa Press ha compartido un artículo que él mismo escribió en febrero de 2023 en EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, donde venía a considerar que la LOSU no era la ley que las universidades necesitan.

Esta reflexión llega un día después de que los rectores apuntaran que la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) supone, "contra lo que recoge la memoria" de la norma, "cuantiosos" costes directos para los presupuestos de las universidades públicas, estimados en, al menos, 844 millones de euros.

Así lo refleja el estudio 'Financiación Pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario', presentado este martes por Crue Universidades Españolas, que cuantifica la dimensión del compromiso financiero de la nueva ley y analiza las condiciones que acompañan a la aplicación de dicho compromiso y la viabilidad de su cumplimiento.

Faltan recursos adicionales

En este contexto, la presidenta de la CRUE, Eva Alcón, ha incidido en que la Administración General del Estado "debe aportar recursos adicionales a las comunidades autónomas y éstas deben asumir parte de los recursos que corresponden para aplicar la ley".

"Esta trabajo pretende ayudarnos a comprender el contexto en el que partimos, los objetivos que deberíamos alcanzar y quién tiene que hacerlo posible", ha señalado Alcón, quien ha recordado que la LOSU recoge en su introducción la infrafinanciación de las universidades y el compromiso de destinar como mínimo el 1% del PIB.

Para la presidenta de los rectores, el "mayor reto" que tienen en estos momentos es saber "cómo se va a producir" el aumento de la financiación del sistema universitario, hasta alcanzar el 1% del PIB. "En estos momentos seguimos sin saber cómo se va a realizar", ha criticado.