Castilla-La Mancha, décima en el ranking de competitividad fiscal con Cataluña en la cola

Castilla-La Mancha aprueba, con un 5,81, en competitividad fiscal y se sitúa la décima región, según el índice autonómico que clasifica a las distintas autonomías por su capacidad de competir fiscalmente para retener y atraer empresas y profesionales, generando actividad económica y empleo.

Cataluña es la comunidad con peor competitividad fiscal después de Extremadura, según el índice autonómico que clasifica a las distintas autonomías por su capacidad de competir fiscalmente para retener y atraer empresas y profesionales, generando actividad económica y empleo.

El primer Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) de 2017, dirigido por la economista Cristina Berechet y presentado hoy en Madrid por la Unión de Contribuyentes (UC), mide la política fiscal de las comunidades teniendo en cuenta los tramos autonómicos de los grandes impuestos y los tributos cedidos a las regiones, entre otras variables.

Extremadura y Cataluña a la cola

Extremadura, con 4,72, y Cataluña, con 4,75, son las peor situadas, mientras que País Vasco  con las tres diputaciones forales por encima de 7, excepto Guipúzcoa-, Madrid (6,83) y Canarias (6,49) son las comunidades más competitivas fiscalmente, según este índice
que tiene una escala del 0 al 10.

La comunidad catalana es una de las tres únicas que no alcanzan a aprobar en competitividad fiscal, junto a Aragón y Extremadura, y los subíndices que lastran su posición en competitividad fiscal son los del impuesto sobre la renta, transmisiones patrimoniales y patrimonio.

Aparte de tener "grandes deficiencias" en la estructura del índice del impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, Cataluña cuenta con el doble de tributos autonómicos que las demás comunidades, con un total de trece, más dos que entrarán en vigor el año que viene, según el estudio.

Burocracia innecesaria

Por eso, su autora Cristina Berechet, directora general de la UC, ha advertido contra este incremento de impuestos propios en Cataluña que "crean una burocracia innecesaria" ya que, a través de estos tributos, se recauda "muy poco" en comparación con otros y suponen la pérdida de empresas y contribuyentes.

En este sentido, Berechet ha considerado que la Generalitat "está dejando muy claro cuál va a ser su política fiscal, que no va cambiar su trayectoria" en el caso de declararse la independencia, y marca cuál es la "carga" que tendrán empresarios y contribuyentes de Cataluña.

"Hay que preocuparse más de que una empresa de Zaragoza, Pamplona o Barcelona se traslade a Madrid o a Palma de Mallorca que de España a Polonia", ha indicado, porque "la competencia más dura la representan a menudo otras comunidades autónomas y no necesariamente otros países".

Impuestos desmedidos

Por su parte, el presidente de la Unión de Contribuyentes, Juan Pina, ha señalado que Cataluña ha querido compensar la falta de concierto económico "con una proliferación desmedida y empobrecedora de impuestos autonómicos" y el resultado "está a la vista", ha concluido, en referencia a la mala posición de la comunidad en competitividad fiscal.

A su juicio, esta proliferación de impuestos adicionales ha lastrado a Cataluña "hasta hundir sus posibilidades de competir en España y Europa".

En cuanto a Extremadura, la última comunidad autónoma del ránking de competitividad fiscal, no sólo tiene el peor impuesto sobre el patrimonio de todo el Estado, sino que también es el más gravoso del mundo.

El País Vasco en la mejor posición

La mejor posición la ocupan las tres diputaciones del País Vasco, ya que no han establecido más impuestos propios, aunque sus diferentes posiciones se explican por las diferencias en el impuesto sobre el patrimonio, pues la regulación del impuesto en Álava es peor.

Madrid, que ocupa la tercera posición en competitividad fiscal, podría mejorar si redujera el número de impuestos propios autonómicos y eliminara el de hidrocarburos, según este índice elaborado por la UC.

La Unión de Contribuyentes es una organización de la sociedad civil cuyo objetivo es reducir, simplificar y hacer proporcional la carga tributaria de ciudadanos y empresas.