El Gobierno de España, a través del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, destinará más de 10 millones de euros a Castilla-La Mancha, de los que se beneficiarán cerca de 300 ayuntamientos de la región. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha presidido este jueves la reunión de la Comisión Regional de Seguimiento del Plan Especial de Empleo, donde se ha aprobado la propuesta de reparto y el calendario de actuaciones para el presente ejercicio.
Cerca de 300 ayuntamientos de Castilla-La Mancha dispondrán de 10,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 5% respecto al año pasado, para contratar a trabajadores en paro del régimen especial agrario de la región que realizarán obras o servicios de interés general o social.
El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca Galdón, ha presidido la reunión de la Comisión Regional de Seguimiento del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, donde se ha aprobado la propuesta de reparto y el calendario de actuaciones para el presente ejercicio, ha informado este jueves la Delegación del Gobierno en nota de prensa.
En la Comisión Regional se ha aprobado la distribución a nivel provincial de los créditos del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, que se destina para contratar a 2.331 trabajadores del sector agrario en 287 ayuntamientos de Castilla-La Mancha.
Una vez aprobada la asignación de los créditos a nivel provincial, las respectivas Comisiones Provinciales procederán a la aprobación de la distribución a cada uno de los ayuntamientos beneficiarios, que lo serán mediante la ponderación del paro agrario registrado y los afiliados al SEASS.
A la reunión, celebrada este jueves en la Delegación del Gobierno, han asistido la directora del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación, la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, el director de la Tesorería General de la Seguridad Social, representantes de la Administración regional y de los sindicatos CCOO y UGT, así como de las organizaciones agrarias y empresariales