El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este lunes la Orden de Bases del Plan de Empleo, en la que se recoge un gasto cercano a los 52 millones de euros para impulsar la contratación de alrededor de 8.000 personas desempleadas de larga duración o en riesgo de exclusión social. La convocatoria va dirigida a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro y cuenta con el apoyo en su financiación de las cinco diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha, tal como ha informado la Junta de Comunidades en un comunicado de prensa.
De esta forma, y aunque la convocatoria se publicará en los próximos días, las entidades locales y las asociaciones sin ánimo de lucro que lo deseen podrán iniciar desde el día 1 de octubre el inicio de las contrataciones sin perjuicio de que la presentación de los proyectos se lleve a cabo en el momento en que se fije en la convocatoria. El Plan de Empleo destinado a las entidades locales comprende una cuantía de 50,4 millones de euros con los que sufragar la contratación de 7.483 personas, cuantía ésta subvencionada en un 53% por el Gobierno regional y en un 47% por las diputaciones provinciales. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, la financiación prevista, cubierta al 100% por el Ejecutivo autonómico, es de 1.512.000 euros para la realización de 240 contrataciones.
Esta nueva edición del Plan de Empleo tiene como objetivo, tal y como se recoge en su Orden de Bases, la inserción de personas en el mercado laboral y la prevención de situaciones de exclusión social a través de la prestación de orientación laboral y formación para el empleo. La convocatoria comprende la realización de contrataciones de seis meses de duración, salvo excepciones como municipios con menos de 10 contratos o proyectos de menor duración previa aprobación, y a jornada completa, garantizando a las personas contratadas el salario mínimo interprofesional. Las subvenciones que se conceden desde las entidades públicas son de 6.300 euros por los contratos de 180 días. Esta cuantía se incrementa en un 20% si las contrataciones se realizan en zonas ITI o en aquellas en las que se aplica la Ley de Zonas Prioritarias.
Podrán optar a estas contrataciones a través del Plan de Empleo las personas que cumplan alguno de los requisitos que se contemplan en la Orden de Bases, como estar desempleado a fecha de la presentación de la oferta, haber estado inscrito durante 12 meses como desempleado en los últimos 18 meses, tener entre 25 y 65 años y no percibir ninguna prestación contributiva o fuera del rango de esas edades previo informe favorable de los servicios sociales correspondientes, convivir con personas dependientes y que no haya ningún miembro de la familia con ingresos o ser cuidador de persona dependiente y estar excluido del mercado laboral; además de aquellas personas con una discapacidad reconocida del 33% o superior, y de las víctimas de violencia de género, para las que se reservan un 15% del total de los contratos.
En la Orden de Bases que recoge hoy el Diario Oficial de Castilla-La Mancha se recogen algunas novedades con respecto a la última convocatoria del Plan de Empleo. Una de ellas es la actualización de las cuantías para equipararlas al Salario Mínimo Interprofesional y la inclusión del incremento del 20% para aquellos contratos que se realicen en municipio que formen parte de Zonas Prioritarias o de zonas de Inversión Territorial Integrada (ITI). Además, en esta convocatoria, en la que colaboran las cinco diputaciones provinciales, se introduce la posibilidad de suspender los contratos subvencionados por la realización de las campañas agrarias, junto con la opción de realizar acciones de orientación laboral y de formación para el empleo.
Los proyectos que se incluyan en esta convocatoria del Plan de Empleo por parte de ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro tendrán como plazo de ejecución un año, y el plazo para la presentación de los mismos se fijará con la publicación de la convocatoria. El pago de la subvención se realizará en un 75% al inicio de la tramitación y el 25% restante una vez que se justifiquen los proyectos a su finalización.