El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este lunes el proyecto de ley de presupuestos de la Junta de Comunidades para 2020, que incluye un presupuesto no financiero que asciende a 8.093,1 millones de euros, un 6,3 % más que la cuantía de 2018, que se traduce en 483,5 millones más.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado en conferencia de prensa, en la que ha estado acompañado por el director general de Presupuestos de la Junta, Isidoro Hernández Perlines, el proyecto de ley de presupuestos, que también se registrará este lunes 30 de septiembre en las Cortes regionales, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de Autonomía.
Ruiz Molina ha detallado que el presupuesto financiero de la administración regional para 2020 alcanza los 10.505,1 millones y el presupuesto no financiero, es decir, "lo que reciben los ciudadanos en forma de bienes y servicios públicos", son 8.093 millones de euros y, de este total, 5.613,4 millones, que supone el 71,2 %, está destinado a gasto social.
El consejero ha definido el presupuesto como "expansivo en lo social y austero en lo que se refiere al gasto de funcionamiento de la administración regional", inversor y responsable, debido a la prudencia con que se han realizado las previsiones de crecimiento.
Estos presupuestos se han elaborado basados en la estimación realizada en cuanto a las previsiones de crecimiento de la economía regional, con "prudencia" en las estimaciones, según el consejero. Estas previsiones, ha recordado, cuentan con el aval de la AIReF.
Del total de 10.505 millones de euros, más allá de los 2.611 que irán para deuda pública e imprevistos, un total de 2.990 millones irán para sanidad --219 más que en 2018--; mientras que 1.834 serán para Educación, Cultura y Deportes --135 más--. Agricultura y Medio Ambiente se llevará 1.417 millones --10,2 más--; y los Servicios Sociales acapararán 788,5 --61,2 más--. 171 van al capitulo de Servicios de Carácter General; 303,6 para Desarrollo Económico y Empleo; 268 para Infraestructuras Generales, Urbanismo y Vivienda; y 119 para I+D+i.
Con estos datos, las áreas de Servicios Públicos --Servicios Sociales, Sanidad y Educación, Cultura y Deportes-- aglutinarán el 71,2% del total del gasto no financiero, lo que supone 15,3 millones de euros al día y 416 millones más que en las cuentas en vigor.
Dentro de este gasto social, Ruiz Molina ha puesto en valor que en Recursos Humanos se gastará el 38 % del gasto no financiero, lo que supone un 9 % más, absorbiendo el 52 % del incremento presupuestario. También se destinarán 122,9 millones a infraestructuras de carácter social, lo que supone 32,6 millones más.
Los recursos destinados a la incentivación del crecimiento económico ascienden a 420 millones de euros; a los que Ruiz Molina ha sumado los más de 1.400 millones para la política agraria y medioambiental y los 120 millones para Investigación y Desarrollo, junto a los 268 para infraestructuras básicas y vivienda.
Suben todas las secciones de gasto salvo Fomento
Por secciones de gasto, aumentan todas menos Fomento, que pierde 66,8 millones hasta los 214, sobre todo porque ya no gestiona políticas de Agua y por la cesión de competencias de Nuevas Tecnologías a Hacienda y Administraciones Públicas; así como Presidencia, que tendrá 38,6 millones de euros menos hasta los 19,4. La rebaja en este apartado se produce por la creación de la nueva Consejería de Igualdad.
Sube el Instituto de la Mujer de 18,1 a 23,9 millones de euros; Hacienda y Administraciones Públicas gana 63,1 hasta 146 --por la asunción de las políticas de Nuevas Tecnologías--; Economía, Empresas y Empleo se va a 292,8 millones de euros --18,4 más--; y el conjunto de Bienestar Social gastará 756,6 millones de euros, 56,1 más.
La Consejería de Desarrollo Sostenible, de nueva creación, tendrá en su sección un presupuesto de 150,1 millones de euros. En total, son dos nuevas secciones presupuestarias, lo que provoca un cambio en la redistribución de fondos
Los presupuestos de 2020 recogen un incremento del 9,2% en gastos de personal hasta los 3.406 millones de euros; y una subida del 8,2% en Gasto Corrientes hasta los 1.289.
Sube la partida de transferencias corrientes hasta 2.524 millones y bajan los gastos no financieros a 211,4 lo el Fondo de Contingencia a un 4,8 %. El total de las operaciones financieras tiene asignado 2.411 millones de euros, casi un 50 % más, sumando 802,5 millones de euros en comparación con 2018.
Prudente previsión de ingresoss
En cuanto a la parte de ingresos, "previstos desde la prudencia", Castilla-La Mancha prevé recaudar 1525,8 millones de euros en impuestos directos, 243,8 millones más, un 19 % de incremento.
En impuestos indirectos, la previsión es de 2.828,1 millones --245 más--; hasta 249,9 en tasas y precios públicos --46,1 más--; 2.856,5 en transferencias corrientes --61,6 más--; y 12 millones de ingresos patrimoniales. En total, 7.472 millones de ingresos corrientes, 596,9 más que en 2018.
En cuanto a ingresos de capital, la previsión pasa por 443,4 millones, casi todos ellos por transferencias de capital.
El titular de Hacienda ha puesto el acento en el ahorro neto de 252,5 millones de euros, un 119,3 % más, que será posible con este proyecto de ley. Las cuentas están diseñadas para cumplir con el objetivo de déficit cero, y con la previsión de una reducción del 1,45 % de la carga financiera.
Entre los objetivos marcados por la Consejería de Hacienda están, por encima de todos, la generación de riqueza y la redistribución de la misma. Para crearla, incentivar el crecimiento económico creando empleo, cambiar el modelo productivo desde la innovación, promover la competitividad empresarial y hacerlo de forma sostenible son algunos de los ejes.
De otro lado, para esa perseguida redistribución de la riqueza, se pretende finalizar la "recuperación y consolidación del Estado del Bienestar"; mejorar la calidad y modernización de los servicios públicos; y apoyar la igualdad de oportunidades.
Otro mimbre de los objetivos pasa por la lucha contra la despoblación, todo ello "desde el diálogo social y respetando la congelación del esfuerzo fiscal y la estabilidad presupuestaria".
La Consejería de Hacienda ha realizado estas previsiones con varios ejes. En primer lugar, y desde el punto de vista económico, las cuentas quieren ser expansivas en lo social, austeras en relación al gasto de funcionamiento de la Administración, inversor --superando los 200 millones destinados a infraestructuras-- y "responsables" garantizando el cumplimiento de los compromisos con la ciudadanía.
Desde el punto de vista financiero, según Ruiz Molina, los presupuestos son "rigurosos, solventes y equilibrados", con ingresos estimados en función de la recaudación, generando ahorro y con el objetivo de déficit 0 para cerrar el año.
Juan Alfonso Ruiz Molina ha querido realizar un análisis del punto de partida para la elaboración de estas cuentas, relatando cómo la tasa de paro ha bajado en 10 puntos con la creación de 100.000 empleos en esta legislatura; cómo se han creado 11.200 empresas; y de qué manera ha aumentado el Índice de Confianza hasta once puntos por encima de la media nacional. Y todo ello con un "estricto control de las cuentas hasta cumplir con los objetivos de déficit, de deuda y con la regla de gasto en 2018", tal y como ha manifestado.
En lo social, "se ha reducido el riesgo de pobreza, han aumentado los beneficiarios de la Ley de Dependencia, se han reducido las listas de espera y se han incrementado las plantillas de servicios públicos".
La oposición pone pegas
El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que las cuentas anuales de la región "no servirán para mucho" porque tendrán que ser modificadas cuando se aprueben las cuentas anuales y una vez se conforme el nuevo gobierno. De este modo ha reaccionado, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo, el líder 'popular', que ha señalado que "de entrada y hasta donde el PP conoce", los presupuestos no dan respuesta a cuestiones "fundamentales" como la deuda pública de la comunidad, que asciende a 14.998 millones de euros, ni tampoco contempla una bajada de impuestos.
Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alejandro Ruiz, ha insistido en que "no le salen las cuentas" del techo de gasto para los presupuestos de Castilla-La Manchar para 2020 y ha afirmado que la prioridad tiene que ser "revertir" la situación que generó el Gobierno del Partido Popular y que, en su opinión, el presidente Emiliano García-Page "no ha empezado a revertir".
Ruiz, al igual que defendió el pasado jueves en el pleno de las Cortes, ha asegurado que a Cs le parece "arriesgada" la cifra de techo de gasto y ha tildado las cuentas hechas por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruis Molina, de "los mundos de Yupi". Con las cifras manejadas por el Gobierno de García-Page, el presidente del Grupo Ciudadanos cree que en septiembre u octubre del próximo año puede verse frenada la prestación de algún servicio.
De su lado, la portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha pedido tanto a PP como a Cs que dejen de darse "palos", se pongan a trabajar "en lo que le importa a los castellano-manchegos" y apoyen los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2020-