El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado este jueves asignar a las comunidades autónomas para el cuarto trimestre de 2019 un total de 4.317,5 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a las comunidades autónomas, de los que 397,97 corresponderán a Castilla-La Mancha. Con ello, el total de recursos distribuidos de la financiación a comunidades autónomas alcanza los 26.228 millones en el ejercicio.
De los 4.317 millones del cuarto trimestre, se destinan 2.451,37 millones de euros al compartimento de Facilidad Financiera (FF) y 1.866,13 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El mayor importe de las regiones adheridas al fondo de financiación lo recibirá Cataluña (1.533 millones), seguido por la Comunidad Valenciana (918,97 millones), y es que entre las dos regiones reciben más del 56% del total.
A continuación se sitúan Andalucía (547,8 millones), Castilla-La Mancha (397,97 millones), Canarias (242,99 millones), Murcia (230,7 millones), Aragón (165,2 millones), Extremadura (154,2 millones), Cantabria (72,46 millones), La Rioja (22,6 millones), Galicia (21,1 millones) y Baleares (11,2 millones). Las comunidades que reunían los requisitos exigidos para acogerse al compartimento de Facilidad Financiera son Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia y La Rioja.
En el último trimestre no se han asignado importes dentro del compartimento Facilidad Financiera a Asturias, que comunicó que se financiará durante los tres últimos trimestres del año a través de los mercados. Por su parte, las comunidades adheridas al FLA son Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana. El resto no han solicitado financiación con cargo al Fondo de Financiación 2019.
El pasado 5 de julio de 2018 la CDGAE estableció las condiciones para la salida a los mercados de las regiones que cumpliesen determinados requisitos, una medida que ha reducido las necesidades de recursos y a la que se han acogido Baleares y Galicia en el último trimestre.
EXTRA-FLA DE 608 MILLONES
Por otro lado, la CDGAE ha acordado habilitar 608,75 millones de euros adicionales que irán destinados a cubrir las desviaciones sobre el objetivo de déficit de 2018 de las tres comunidades autónomas que rebasaron el límite.
Estos recursos proceden del Fondo de Liquidez Autonómico y del Fondo de Facilidad Financiera y son préstamos que conllevan un tipo de interés referenciado al rendimiento medio de la deuda del Estado a plazo equivalente. Actualmente, ello equivale a un tipo del 0%. En concreto, la CDGAE ha autorizado la modificación de las operaciones de crédito, en forma de préstamo con cargo a este fondo, a Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía.
En el caso de Andalucía, que figura como incumplidora del objetivo de déficit de 2018 con los datos actualizados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con fecha 30 de septiembre, la asignación queda condicionada a la posterior aceptación por parte de la comunidad autónoma.
FINANCIACIÓN DE 26.228 MILLONES EN 2019
De esta forma, la distribución total de los recursos de los compartimentos Facilidad Financiera (14.409 millones) y Fondo de Liquides Autonómico (11.819 millones) del Fondo de Financiación de las CCAA en 2019 quedaría, provisionalmente, en 26.228,4 millones de euros. Las regiones más beneficiadas son Cataluña (30,7% del total), Comunidad Valenciana (25,9%) y Andalucía (13,2%).
En detalle, dentro de Facilidad Financiera se encuentran Andalucía (3.453 millones), Asturias (132,8 millones), Baleares (602,7 millones), Canarias (753,9 millones), Cantabria (545,42 millones), Cataluña (8.044,9 millones), Galicia (709,6 millones) y La Rioja (257,5 millones), De su lado, del importe del Fondo de Liquidez Autonómico se han beneficiado Aragón (1.293,2 millones), Castilla-La Mancha (1.746,8 millones), Extremadura (508 millones), Murcia (1.486 millones) y Comunidad Valenciana (6.784 millones).
Los últimos datos disponibles reflejan que los distintos mecanismos de liquidez han permitido un ahorro acumulado a las comunidades autónomas de 39.800 millones desde 2012 al establecer tipos de interés inferiores a los de mercado.