El Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha 2015-2020 ha propiciado la inversión de 600 millones de euros en políticas de empleo y cualificación profesional, de los cuales 60 millones se han destinado a personas con discapacidad. Así lo ha dado a conocer la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en declaraciones a los medios de comunicación este jueves en Toledo antes de presidir la Comisión de Seguimiento de los ejes 2 y 3 de dicho acuerdo, reunión en la que se ha analizado el nivel de cumplimiento del mismo hasta el primer semestre de este año.

El grado de ejecución del pacto alcanza el 80 por ciento y ya se han movilizado más de 3.650 millones de euros, con lo que se ha superado "con creces" el presupuesto inicialmente establecido, ha recordado la consejera. Ha explicado que los ejes 2 y 3 del acuerdo aluden a las políticas de empleo y a la cualificación profesional y recursos humanos, a la vez que ha avanzado que en el Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha, que echará a andar en abril o mayo de 2020, ambos ejes confluirán en uno solo.

Se va a configurar de este modo, ha explicado Franco, con el propósito de "intentar coadyuvar" las políticas de formación profesional y mejora de la empleabilidad vía cualificación.

En cuanto al estado de cumplimiento del Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, ha precisado que en la reunión de este jueves se daría cuenta de las medidas implementadas en favor de los autónomos.

A este respecto, ha recordado que el acuerdo ha dedicado para este fin más de 25 millones de euros, los cuales han beneficiado a 9.500 trabajadores por cuenta propia de la región, aparte de que se ha conseguido "equilibrar un ecosistema de apoyo al emprendimiento".

También, se va a informar acerca de las políticas encaminadas a los colectivos con más dificultades para encontrar trabajo y, en ese sentido, ha destacado que, desde la puesta en marcha del pacto, más de 46.500 personas han resultado beneficiarias de las políticas de empleo en las que han colaborado diputaciones y ayuntamientos.

De la misma manera, se ha fijado la mirada en la mujer y, por ese motivo, se eliminaron algunos requisitos para las líneas de contratación indefinida para mujeres, de forma que no hubiera límite de edad, lo que ha provocado que se hayan superado los objetivos previstos en este ámbito.

Retos para los próximos cuatro años

Entre los retos propuestos para los próximos cuatro años, la titular autonómica de Economía se ha referido a la necesidad de que formación profesional y empleo vayan de la mano, un objetivo que se pretende conseguir mediante la implantación de un centro integrado de Formación Profesional Dual en cada una de las cinco provincias de la comunidad autónoma.

Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de tomar medidas orientadas a los colectivos y zonas geográficas más vulnerables a la hora de conseguir un puesto de trabajo, como los jóvenes, las mujeres o el ámbito rural.

Con todo, ha dejado claro que en la pasada legislatura el Ejecutivo castellano-manchego "dio la vuelta" a los indicadores, al reducir la tasa de desempleo en once puntos porcentuales y lograr disminuir a la mitad las familias con todos sus miembros en paro, al pasar de 80.000 a 46.000.