El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado a la Asociación Empresa Familiar de la región las diferentes actuaciones que recoge el Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha con motivo del COVID-19 para acompañar a estas empresas en su vuelta a la actividad, y ha reiterado la mano tendida del Ejecutivo autonómico para hacer suyas las reivindicaciones de la Asociación en su interlocución con el Gobierno de España.

Así se lo ha trasladado este lunes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, al presidente de la Asociación de la Empresa Familiar en Castilla-La Mancha, Juan Ignacio Mesa, en un encuentro telemático en el que ha participado el director general de Empresas, Javier Rosell, y miembros de la junta directiva de la Asociación regional, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En la reunión, Patricia Franco ha trasladado a los responsables de la empresa familiar en Castilla-La Mancha las principales líneas que se recogen dentro del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región, haciendo hincapié en aquellas que están destinadas a mejorar y garantizar la liquidez en las empresas.

Así, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha expuesto a Juan Ignacio Mesa y a los miembros de su equipo directivo, entre otras medidas, la Línea Aval COVID-19, que busca garantizar el acceso a la financiación para pymes y autónomos a un coste operativo cero para los beneficiarios, así como las ayudas directas para micropymes y autónomos que está ultimando el Gobierno regional.

Agradecimiento

Patricia Franco ha agradecido a la Asociación Empresa Familiar de la región su trabajo por el interés general durante la pandemia, "tanto en las empresas dedicadas a los sectores y actividades esenciales como en aquellas dedicadas a otras actividades y que han puesto sus recursos a disposición de la lucha contra el coronavirus", sobre todo a través de la donación de material sanitario y de todo tipo de material y recursos para combatir el COVID-19.

La consejera también se ha comprometido a asumir las reivindicaciones de la Asociación Empresa Familiar para reforzar el papel del Ejecutivo autonómico como interlocutor del tejido productivo de la región ante el Gobierno de España, y ha ofrecido a las empresas que forman parte de la asociación, así como a todo el tejido productivo de la región, las herramientas que ha puesto en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha para garantizar el acceso tanto de las entidades públicas como del sector privado al material de protección contra el COVID-19, a través de iniciativas como el Marketplace del Centro de Operaciones COVID-19, que cuenta con 120 proveedores cualificados de este tipo de material, así como con la nueva herramienta Vencemosalcovid; dentro de la necesidad de aprovisionamiento de material de protección sanitaria de las empresas para el reinicio de su actividad.

Caída de la actividad

Por su parte, el presidente de la Asociación Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, Juan Ignacio Mesa, ha trasladado a la consejera de Economía, Empresas y Empleo los resultados de la encuesta realizada por la asociación entre más de 450 empresas de la región, y que recoge una importante caída de la actividad con motivo de la declaración del estado de alarma y el cierre de las actividades no esenciales, así como una menor afectación en el empleo gracias a herramientas como la agilización de ERTES impulsada por el Gobierno regional para reducir el impacto del COVID-19 sobre los puestos de trabajo.

También se ha comprometido a hacer llegar a la consejera un decálogo de medidas para su reivindicación en el marco de la interlocución de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo con los diferentes Ministerios sobre los que recae la responsabilidad de sus áreas de competencia.

En el encuentro también se han puesto de manifiesto otras cuestiones, como la importancia de garantizar que la financiación a través de los créditos ICO impulsada por parte del Gobierno de España llega realmente a las pymes y autónomos, la vigilancia y cumplimiento de los protocolos en materia de seguridad y salud laboral para garantizar la vuelta a la actividad durante las fases de desescalada, así como la posibilidad de bonificaciones y exenciones en los impuestos municipales con motivo del COVID-19, una reivindicación que el Ejecutivo autonómico ya ha hecho llegar al Gobierno nacional para su estudio e inclusión en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.