La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que desde el inicio del estado de alarma en todo el país como consecuencia de la epidemia de COVID-19, su consejería ha movilizado "más de 86,1 millones" de ayudas directas y financiación para las empresas de la región, de los que 60 de ellos no estaban contemplados inicialmente en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Franco, durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales celebrado este jueves, ha considerado estos datos como "un verdadero esfuerzo" en dotar al sistema "de financiación, liquides y ayuda a fondo perdido" para las empresas castellanomanchegas, y se ha propuesto como próximo reto resolver "con la mayor rapidez y diligencia" todas estas medidas.

La consejera ha aprovechado su intervención para volver a citar las 74 medidas acordadas en el plan llevado a cabo junto con los agentes sociales, dotado con 231,6 millones de euros.

En este punto, ha recordado que su Consejería ha puesto en marcha 3 decretos de ayudas directas en el último mes, además de una línea específica para la liquidez y financiación de pymes.

Estos tres decretos, ha sostenido, son los de ayudas para autónomos y micropymes, inicialmente dotado con 25 millones pero que ascenderá a 40 tras el pacto alcanzado entre el Gobierno regional, PSOE y Cs; el decreto de ayudas directas para la compra de material de protección sanitario, enfocado a dos sectores "cruelmente afectados" por la crisis, como el comercio y la hostelería, dotado con 3,1 millones; y el tercero, el de ayudas al desplazamiento o el alojamiento de los trabajadores de las campañas agrícolas que desarrollen su labor fuera de su municipio.

Además, ha señalado que desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se está rastreando "cualquier iniciativa que pueda generar una oportunidad de empleo" para así "impulsar y apalancar los nuevos nichos de mercado que están surgiendo".

CS

De su lado, el diputado de Cs David Muñoz Zapata ha recordado al Gobierno autonómico que, a pesar de haber firmado este miércoles con él y con el PSOE el Pacto para la Reconstrucción, no les va a temblar la mano para "dar por disuelto" este pacto si no se llega a un acuerdo en la dotación de las medidas acordadas.

"El pacto a Cs no le va a anular en absoluto la capacidad de crítica al Gobierno ni nos va a limitar a hacerles exigencias. Tampoco a hacerles propuestas", ha añadido.

Además, ha reprochado que las ayudas a autónomos "llegaron mucho más tarde en Castilla-La Mancha que en otras comunidades autónomas, algunas incluso 50 días más tarde", y se ha mostrado también en desacuerdo con los criterios de las ayudas para la compra de elementos de protección, ya que, ha sostenido, "dejan fuera a negocios como peluquerías, centros de estética, dentistas o fisioterapeutas".

PP

Por parte del PP, la parlamentaria Gema Guerrero ha asegurado que las medidas económicas del Ejecutivo autonómico "llegan tarde" y están "dotadas de una cuantía insuficiente para todos los que necesitaban ese balón de oxígeno".

Guerrero ha puesto el foco en que, en lo referente a las ayudas a autónomos y pymes, la Administración regional ha "empeorado" la burocracia "con obstáculos y requisitos inasumibles para la mayoría de autónomos y pymes que quieren llegar a esas ayudas", pidiendo que se flexibilicen esos requisitos.

Además, ha preguntado a Franco por qué no se dotó este plan con 40 millones de euros desde el principio "y no ahora, después de estar hecha la avalancha de solicitudes".

PSOE

Finalmente, el diputado del PSOE Antonio Sánchez ha criticado que, para el PP, las medidas económicas del Gobierno sean "poco más que polvo, cenizas y nada", cuando son "medidas de más de 240 millones, entre las que están ayudas inéditas".

Sánchez ha puesto en valor que Cs "desde la crítica y la diferencia", ha realizado "un ejercicio de responsabilidad y realizado propuestas" en unos grupos de trabajo a los que no sabe si los 'populares' "han ido a boicotear, pero desde luego a aportar, nada de nada".

"El PSOE se va a dedicar a seguir trabajando para que se mejore la situación. Todas estas medidas no son números ni vaguedades sino riqueza y apoyo al tejido productivo y el sustento de muchas familias", ha finalizado.

Hospital de Toledo

Por su parte, el consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha insistido en que "ningún profesional sanitario ha pedido poner en marcha el nuevo hospital de Toledo" para paliar la saturación sanitaria durante la crisis.

Así lo ha asegurado en una respuesta oral al diputado de Cs David Muñoz Zapata durante la sesión plenaria de este jueves, donde el parlamentario preguntaba la razón por la cual no se trasladaron pacientes de COVID-19 al nuevo hospital de Toledo en los peores momentos de la crisis. "En Castilla-La Mancha no ha sobrado ni material, ni camas ni espacio, y nadie puede entender que no se usara el nuevo hospital de Toledo", ha indicado.

"Nunca le pedimos que trasladaran a pacientes críticos, pero sí a pacientes leves o asintomáticos. Sus argumentos hacen agua. Da igual la pompa con la que inauguren la obra, porque para todos será la infraestructura que no se quiso abrir", ha dicho, pidiendo al consejero el compromiso de que, si hay rebrote, se abrirá este recurso sanitario en otoño.

Hospital de Albacete

También Fernández Sanz ha dado respuesta a una pregunta de Carmen Picazo relativa a qué medidas se llevaron a cabo para "contener la situación de colapso existente en el Hospital de Albacete debido a la pandemia".

Fernández Sanz ha recordado que el 2 de abril fue el peor día de la pandemia, y entre las medidas, protección de pacientes y profesionales sanitarios fueron las premisas de actuación.

"Pues ni se protegió a profesionales ni a pacientes. Y eso pese a que el Gobierno dijo el 20 de marzo que estaban disponibles 1.170 camas libres", ha replicado Picazo, quien ha enumerado cronológicamente declaraciones del consejero sobre disponibilidad de recursos sanitarios que ha querido desmentir.

Por contra, Fernández Sanz ha abundado en que en el hospital de Albacete "se contrataron 1.035 profesionales, se atendieron a 1.500 residentes en residencias y se triplicaron las UCIs". "Si eso no es nada, debe de hacer una revisión de lo que considera que debe ser", ha replicado.

Prieto pregunta por Iberopinar

También en el turno de preguntas orales, a petición del 'popular' Benjamín Prieto, el Gobierno regional se ha referido a la situación provocada por el ERE planteado por la empresa Iberopinar en la provincia de Cuenca.

El diputado conquense ha recordado que la pasada legislatura el Gobierno autonómico "vendió a bombo y platillo los 200 puestos de trabajo" que se iban a crear con esta empresa, cuando solo fueron 80 y ahora se destruyen.

Desde el Gobierno "se trabaja sin descanso para mantener todas las actividades de esta tierra", según ha contestado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha apuntado que "ha sido el Gobierno del PSOE quien ha apoyado la implementación de empresas en el mundo rural".