Lo cuenta este jueves el diario El País y está generando una gran expectación. ElGobierno de Pedro Sánchez deberá decidir en las próximas dos semanas si los Presupuestos de 2021 incluyen una congelación del sueldo de losfuncionarioso aprueba una subida similar a la evolución de los precios que permita a los empleados públicos no perder poder adquisitivo.

Fuentes delMinisterio de Función Pública, que dirige la ministra Carolina Darias, aseguran que aún no han tomado ninguna decisión y que habrá que esperar a la presentación del proyecto de Presupuestos. "La baja inflación como consecuencia de la grave crisis provocada por la pandemia —el IPC cerró julio en el -0,5%— permitiría que los casi tres millones de empleados públicos mantuvieran casi intacta su capacidad de compra si no reciben un aumento salarial", dice significativamenteEl País.

El reloj corre y el Gobierno aún no tiene listo el proyecto dePresupuestos Generales del Estadoque debería presentar antes del 30 de septiembre, según marca la Constitución Española. Otros años en estas fechas el Ejecutivo ya había convocado la mesa de negociación de la función pública para tratar la subida del sueldo de los funcionarios, pero este año aún no ha entablado conversaciones con los representantes de los empleados públicos para abordar esta cuestión, según confirman todas las partes implicadas.

No obstante, en el resto de ministerios económicos ya se están haciendo números para cuadrar los Presupuestos de 2021, unas cuentas esenciales para la legislatura. “No sería descabellado que se congelara el sueldo de los funcionarios o se subiera muy poco”, concede un alto cargo, que admite que a pesar de las ayudas europeas las cuentas públicas están muy tensionadas. Otra fuente ministerial no niega que sea una posibilidad, pero evitan dar nada por cerrado, afirma El País.

El gasto de personal, que recoge las remuneraciones a los empleados públicos, es una de las mayores partidas de los Presupuestos. En las cuentas de 2018, que aún están vigentes porque han sido prorrogadas durante dos años, esa partida ascendía a más de 32.000 millones si se incluyen los créditos para clases pasivas para financiar las pensiones de los funcionarios.