El Ministerio de Transportes ha comenzado a tramitar las solicitudes de incautación de las fianzas de explotación de las sociedades concesionarias de las autopistas de peaje que se vieron abocadas a la quiebra por un importe total cercano a los 120 millones de euros, y en el caso de la AP-41 prevé incautar 10 millones.
En concreto, la primera garantía de explotación cuya incautación se ha solicitado corresponde a la Autopista Madrid-Toledo AP-41, que fue la primera en declararse en concurso de acreedores, por un total de 10,12 millones, según ha señalado el Ministerio de Transportes.
Asimismo, se recogen 29,6 millones a incautar en la sociedad Accesos de Madrid (R3 y R5); 18 millones en Aucosta (AP-7 Cartagena- Vera); 18,3 millones en Madrid Sur (R4); 15,5 millones en Henarsa (R2); 12,8 millones en Madrid-Levante (AP-36); 8 millones en Ciralsa Circunvalación de Alicante y 7 millones en el Eje Aeropuerto (M12).
Para ello, se están tramitando los expedientes a fin de que la Caja General de Depósitos proceda a incautar en breve las garantías de explotación depositadas por las sociedades concesionarias de estas carreteras, que se vieron abocadas al concurso de acreedores y posterior liquidación.
Este mecanismo de incautación de garantías ya se recogía en los acuerdos del Consejo de Ministros que resolvían los contratos de concesión para la construcción, conservación y explotación de dichas autopistas de peaje, que han pasado a ser gestionadas por el Estado.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor del Ministerio y de estos acuerdos en los distintos procedimientos judiciales que iniciaron avalistas, sociedades concesionarias en liquidación y fondos acreedores.
En las resoluciones judiciales adoptadas, se considera procedente la incautación de las fianzas de explotación y conforme a Derecho los acuerdos de Consejo de Ministros recurridos. Este trámite se realiza sobre la base de las competencias y funciones atribuidas a la Delegación del Gobierno de las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.